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SUSCRIBITELas actuaciones judiciales mostraron cómo parte de los alimentos destinados a establecimientos educativos eran descargados en una vivienda de Chimbas. Según la investigación, varios vehículos llegaban al domicilio, situación que despertó sospechas y derivó en una serie de medidas judiciales.
Una investigación que involucró maniobras para quedarse con parte de la mercadería que el Ministerio de Desarrollo Humano destinaba a escuelas públicas de San Juan terminó con una mujer condenada este jueves. Se trata de Débora Romina Castro Maldonado que, tras aceptar los hechos, recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, pero en su domicilio.
El desenlace de la causa se dio en el marco de un juicio abreviado homologado por el magistrado Ramón Alberto Caballero, por pedido de la fiscalía a cargo de Claudia Salica y el defensor particular Nicolás Gómez Camozzi y la querella ejercida por el abogado Agustín Idemi.
Las actuaciones judiciales mostraron cómo parte de los alimentos destinados a establecimientos educativos eran descargados en una vivienda de Chimbas. Según la investigación, varios vehículos llegaban al domicilio, situación que despertó sospechas y derivó en una serie de medidas judiciales.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando la cartera social provincial desarrollaba programas de asistencia alimentaria destinados a escuelas públicas. Tras la adjudicación de la licitación correspondiente, la distribución de los productos quedó a cargo de una empresa transportista.
Durante el proceso, se pudo determinar que uno de los camiones encargados del reparto realizaba una parada previa en la vivienda investigada en el Lote Hogar 38, donde se descargaba parte de la mercadería que debía llegar a los establecimientos educativos.
Las maniobras fueron respaldadas por distintos elementos probatorios, entre ellos videograbaciones de cámaras de seguridad del CISEM y registros privados, además de allanamientos, secuestro de mercadería y extracción de información de dispositivos móviles.
Los procedimientos se realizaron en cinco domicilios y depósitos asociados a los imputados y en todos hallaron productos que debían estar en las escuelas sanjuaninas. Los investigadores secuestraron 300 cajas que contenían budines, galletas, alfajores, avena, leche, mate cocido y bastoncitos, aseguraron altas fuentes judiciales. También encontraron 470 paquetes sueltos con galletas dulces variadas, pastafloras, yerba, cereales, azúcar, café y chocolatadas, además de cientos de bolsas vacías del plan alimentario escolar y documentación cuya procedencia será analizada.
Frente a la evidencia reunida, la imputada aceptó su responsabilidad el delito de estafa agravada en perjuicio de la Administración Pública. Víctor Ceferino Sosa, Juan Arnaldo Sisterna también estan vinculados a la causa. Entre los factores considerados por la Justicia se encuentran la situación familiar de la condenada, quien tiene a su cargo dos hijos menores de edad, uno de ellos con certificado único de discapacidad, además de un cuadro de salud mental que requiere seguimiento profesional.
La sentencia quedará firme una vez cumplidos los plazos procesales correspondientes, tras lo cual se practicará el cómputo de la pena final.