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SUSCRIBITELa mujer había quedado en la mira por un supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, pero la fiscalía investigó su participación y no encontró elementos que la comprometieran. Por ello, fue desvinculada de la causa que se encamina al debate oral.
Una de las imputadas en la causa que investiga el alquiler irregular de la cancha de hockey en La Granja fue sobreseída este martes, a pedido de la fiscalía tras no encontrar elementos de prueba que la comprometan, y el resto de los involucrados se encaminó al juicio.
Se trata de Sandra Vilanova, la supervisora del área del Ministerio de Educación, que debía ejercer el control y por ello había quedado en la mira por un supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. La mujer, a través de su defensa representada por Agustín Idemi, aseguró que desconocía las maniobras y por ello el fiscal Francisco Micheltorena solicitó el sobreseimiento.
En una nueva audiencia en Tribunales, la jueza de Garantías Gema Guerrero dictó el sobreseimiento y la funcionaria que se vio envuelta en la polémica quedó desvinculada de la causa que continúa bajo los términos de la Investigación Penal Preparatoria que indaga sobre los supuestos negocios que hacían con el cobro de alquiler de la cancha de césped instalada en el Centro de Educación Física, entre 2019 y 2021.
El resto de los imputados, Miguel Jofré, Mario Sanz y Daniel Samat, continúan bajo sospecha por la causa que se inició en agosto de 2022, cuando el nuevo director del CEF Nº 20, Walter Vicentela, descubrió la irregularidad y denunció en la justicia penal la presunta defraudación millonaria, calificada como peculado, entendido como la desviación de fondos perpetrada por un funcionario público.
La sospecha es que cobraban entre 700 y 2200 pesos por hora por el alquiler del campo de juego, según revelaron fuentes judiciales, y aparentemente ese dinero era usado en provecho propio. Se habló de que podrían haber recaudado 5 millones de pesos.
A pesar de que los sospechosos indicaron que el dinero recaudado era destinado al mantenimiento del predio, para el Ministerio Público hay elementos de convicción que hacen pensar que se trataba de una maniobra ilícita y por tanto trabajan para concretar el control de acusación y la posterior elevación a juicio.
Jofré que cumplía funciones como subdirector del CEF Nº 20 en ese periodo y Mario Sanz lo hacía como presidente de la cooperadora. Al primero le imputaron los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, mientras que al segundo le endilgaron la participación necesaria por las mismas figuras penales.
En el caso del exdirector del CEF Nº 20 Daniel Samat -que ya se estaba jubilando en aquel entonces-, quedó sospechado por el delito de falta a los deberes de funcionario público. Esto porque, se suponía, debía controlar lo que sucedía en el establecimiento y no lo habría hecho. Además, admitió que estaba al tanto de las presuntas irregularidades allá por el 2021, pero fue recién en 2022 que inició un sumario, cuando se radicó la denuncia en la Justicia.