Uno de los dos detenidos por el caso del asalto y violación en la Costanera ocurrido en junio último, se trenzó con los policías de Tribunales y rompió una pared del subsuelo. El reo se puso violento a la salida de la audiencia en la que lo condenaron a tres años de prisión y, después que lo redujeron, le abrieron otra causa penal por daño.
Se trata de Federico Raúl Ojeda, quien ya carga con condenas previas y que ahora recibió esta pena por el delito de robo. Es que sólo pudieron probarle su participación en el asalto contra la pareja y no en el ataque sexual contra la chica en la avenida Costanera, hecho sucedido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de junio de 2024.
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El preso que se enfrentó a los policías es Federico Ojeda, sentado a la derecha. A su lado está el principal imputado por el ataque sexual.
El violador sería Héctor Walter Aballay, el cómplice en aquel violento episodio. Este último sujeto sigue siendo investigado y continúa detenido desde mediados de junio. En cambio, Ojeda – el otro implicado- negoció el juicio abreviado a través de su defensor y el fiscal Eduardo Martínez de la UFI CAVIG.
Esa audiencia se realizó este jueves por la tarde, como estaba prevista. En ese encuentro la jueza María Gema Guerrero extendió la prisión preventiva contra Aballay por un mes, a la vez que trató el ofrecimiento de juicio abreviado que hizo el fiscal y la defensa de Ojeda. Fue así que homologó el acuerdo y condenó a 3 años de cárcel al reo.
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La causa es investigada por el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG.
Eso no fue lo que molestó a Ojeda. Al parecer, desde temprano estuvo provocando a los policías de la alcaidía, pues no quería que estuvieran cerca de él o lo tomaran de los brazos. En un momento dado, mientras salía de la sala de audiencia, mantuvo un cruce verbal con los uniformados, quiso agredirlos y rompió a patadas una pared de placa de yeso.
Los policías lograron reducirlo y lo llevaron a la fuerza a los calabozos, a la vez que lo denunciaron. Un fiscal de Flagrancia le abrió una causa penal en su contra por el delito de daño agravado, dado que destruyó un bien del Estado provincial.