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Concejo Deliberante

Reanudó el juicio de expropiaciones con los alegatos del ex juez civil Carlos Macchi

Quien fuera destituido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento y fuera procesado por las presuntas defraudaciones con terrenos que el Estado expropió se paró frente al tribunal para defender su postura.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Este miércoles por la mañana se reanudó el juicio de expropiaciones con los alegatos del ex juez civil Carlos Macchi, quien inició con su defensa personal y técnica frente al tribunal colegiado, compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo. En el recinto del Concejo Deliberante, el ex funcionario judicial negó los hechos que se le imputan y cuestionó la acusación que sostiene la fiscalía y que impulsa la parte querellante, que representa al Estado.

Quien fuera destituido de su cargo en 2013 por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, frente a las acusaciones de las supuestas medidas irregulares que tomó en las tramitaciones de las expropiaciones y por las causales de mala conducta y falta de los deberes de funcionario público, rechazó la posibilidad de haber pertenecido a una asociación ilícita encabezada por Santiago Graffigna, el principal acusado.

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Si bien el hombre que afronta una pena de 8 años de prisión efectiva dio comienzo a la exposición de sus argumentos, quien continuará en la próxima audiencia del viernes que viene será su abogada Yamila Piozzi. El objetivo será plantear la inocencia del ex magistrado que perdió los fueros y que finalmente fue investigado por las autoridades, sumándose al conjunto de sospechosos en la mega causa.

Acorde la acusación del Ministerio Público, representado por Daniel Galvani y Liliana Marinero, Macchi favoreció sistemáticamente con sus fallos a Graffigna, condenando al Estado Provincial a pagar del arca pública sumas irrisorias y cuantiosas por terrenos expropiados. Es por ello que fue imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (en este delito le podrían imputar varios hechos, y otros más en grado de tentativa), incumplimiento a los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.

La audiencia prevista para el viernes sería la última antes de la suspensión que se resolvería. Las fuentes señalaron que, a pedido de la Municipalidad de la Capital, habría solicitado la sala por cuestiones edilicias y ello obligaría a retomar el proceso recién en marzo. Otras fuentes informaron que el uso del recinto para la apertura de sesiones se daría recién en la segunda quincena de marzo, por lo que se estima que el pedido del lugar correspondería a la realización de refacciones y reacondicionamiento.

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Luego de que alegara la fiscalía y la querella -encarnada por el Fiscal de Estado Sebastián Dávila y sus abogados, como Rubén Pontoriero- hiciera los propio, más tarde continuaron las defensas con la exposición de los fundamentos. Primer fue Graffigna y le siguió Horacio Alday, por lo que ahora llegó el turno de Macchi. No se sabe a ciencia cierta cuántas audiencias se tomará para alegar aunque, a juzgar por lo que se viene dando, podrían ser al menos cuatro para darle paso a la defensa de otro imputado.

La causa que lleva 14 años siendo investigada en la Justicia y el juicio oral y público carga más de 2 años. Los enjuiciados en la mega causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita); Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado); Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo); Horacio Alday (el abogado y socio de la asociación ilícita); Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, (los tres peritos vinculados a Graffigna:); Mario Díaz (el ex fiscal de Estado); Néstor Adán Ruiz, (el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos); y Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera (los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones). Rosalba Marún (ex jueza) había sido procesada, pero falleció y la acción penal en su contra se extinguió.

El mega juicio comenzó el 19 de octubre del 2022 y a lo largo de las audiencias pasaron todo tipo de testigos. En el medio hubo cruces entre las partes e, incluso, entredichos entre los acusados y quienes fueron llamados a atestiguar. Si bien no está establecido de manera concreta la cifra con la que habría sido defraudado el Estado, estiman que la misma se acercaría a los 10 millones de dólares.

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