Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl violento episodio quedó registrado en video y generó conmoción. El adulto mayor presentaba heridas y fracturas, y la Justicia investiga lo ocurrido.
Un grave episodio de violencia fue denunciado por la familia de Héctor, un hombre de 89 años que se encontraba alojado en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata. El caso salió a la luz luego de que sus familiares advirtieran lesiones visibles durante una visita.
“Mis primas fueron a verlo y notaron marcas en las manos, en los ojos y en la boca”, relató una de las nietas del abuelo. Héctor padece alzhéimer y tiene una importante disminución visual y auditiva, condiciones que, según la denuncia, habrían derivado en una reacción violenta por parte de una empleada del lugar.
De acuerdo al testimonio de la familia, la mujer acusada de la agresión reconoció el ataque y lo justificó al señalar que atravesó un brote psicótico y que el adulto mayor se negaba a tomar la medicación, motivo por el cual lo habría golpeado en reiteradas oportunidades. La explicación generó conmoción e indignación entre los allegados.
Tras solicitar un control médico, las nietas confirmaron que Héctor presentaba fracturas en una mano y heridas en el rostro. El hecho ocurrió en un geriátrico del barrio Punta Mogotes, y la familia denunció una situación de extrema vulnerabilidad para los residentes. “Están completamente expuestos, sin nadie que los defienda”, expresaron.
Otra familiar cuestionó el accionar de la cuidadora y sostuvo que existían alternativas para administrar la medicación sin recurrir a la violencia. Además, explicó que decidieron retirar de inmediato a su abuelo del geriátrico y luego avanzar con la denuncia, motivados por el temor a posibles represalias, ya que otro familiar directo también residía en el mismo establecimiento.
En Argentina, existen diversas leyes destinadas a proteger los derechos de las personas mayores y garantizar un trato digno. Entre ellas, la Ley 27.360, que adopta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establece un marco para promover su autonomía, independencia y acceso integral a la salud, la vivienda y la alimentación. A su vez, la Ley 26.529 reconoce el derecho a la salud y permite a los adultos mayores expresar directivas anticipadas sobre tratamientos médicos.
Estas normativas apuntan a consolidar un sistema integral de cuidados que resguarde la salud y la dignidad de los adultos mayores, evite situaciones de abuso y garantice una atención adecuada, especialmente en contextos de institucionalización, donde el Estado y las instituciones tienen la responsabilidad de velar por su bienestar.