Una causa de falsificación de firmas quedó al descubierto por una sola razón, San Juan es chico. La denunciada fue una joven, María Belén Pujado y quedó comprobado que ella falsificó la firma de una doctora para presentar un parte médico trucho. Ahora se hizo cargo del delito que cometió y por un común acuerdo entre las partes, Pujado fue beneficiada con la probation.
El Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal ayudante, Sebastián Domínguez dieron a conocer cómo fue el hecho en la audiencia que se celebró este jueves. Quedó comprobado que Pujado falsificó un parte médico haciéndose pasar como enferma y firmó con el nombre de la doctora María Virginia Carmona de clínica “Los Aromos”.
El delito que se le inculcó fue falsificación de documento privado en calidad de autora.
La mentira salió a luz cuando Pujado presentó el parte médico a un doctor. El profesional conocía a la doctora que supuestamente había firmado y el día que se hizo coincidía que la mujer estaba de viaje en Chile, es decir, que era imposible que hubiera hecho ese parte médico. El profesional le sacó una foto y manifestó que Pujado supuestamente se la sacó de las manos y la rompió, dijeron desde la justicia.
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¿Cómo había conseguido Pujado esas recetas?
Desde fiscalía dijeron que su padre trabajaba en la clínica Los Aromos y al parecer él sacaba estas prescripciones ya con el sello puesto. Según informaron desde ja justicia, al señor solamente se le tomaron medidas administrativas.
A Pujado le hicieron allanamientos y encontraron otras prescripciones truchas
Finalmente, la doctora damnificada hizo la denuncia en UFI Delitos Especiales y la señorita Pujado empezó a ser investigada por el presunto delito de falsificación de documento privado.
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Juez de la causa, Matías Parrón.
El caso se iba a formalizar este jueves y los representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa, a cargo del letrado Reinoso, manifestaron al juez de Garantías Matías Parrón que se había llegado a un acuerdo de una solución alternativa.
Finalmente, el magistrado resolvió dictar la suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de 1 año, realizar un pago único de $10.000 en la “Asociación Guerreros por la vida”, trabajos comunitarios en la Municipalidad de la Capital por el término de 36 horas y cumplirlas en 3 meses y no tomar en exceso bebidas alcohólicas y estupefacientes.