Una amenaza de bomba que obligó a evacuar por completo la Escuela Rogelio Boero en pleno horario escolar ya tuvo consecuencias legales: este jueves, la Justicia formalizó la causa contra dos jóvenes acusados de haber efectuado el llamado intimidatorio al 911. Tras una audiencia de formalización, control de detención y suspensión del juicio a prueba, se resolvió que ambos deberán pagar una multa de cuatro millones de pesos, además de realizar trabajos comunitarios y un curso en la División Bomberos de la Policía de San Juan.
El hecho ocurrió el pasado 30 de julio, alrededor de las 11:35, cuando una voz masculina se comunicó al 911 para advertir que había un artefacto explosivo en el edificio de la EPET N°1 Ing. Rogelio Boero, ubicado en calle Belgrano Este 250, Capital. El alerta activó de inmediato el protocolo correspondiente y personal de la Sección Explosivos evacuó el lugar por completo. Tras una minuciosa inspección, se descartó la presencia de cualquier artefacto.
WhatsApp Image 2025-08-01 at 18.37.04 (3)
La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, con colaboración de la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera. A través del análisis del número de teléfono desde el que se realizó el llamado, se identificó como titular de la línea a Juan Paulo Ferreyra Castro, quien en una declaración espontánea brindada en la Comisaría Sexta, explicó que si bien el celular era suyo, fue Tobías Fernández quien marcó al 911, mientras que Ricardo Barassi fue quien expresó verbalmente la falsa amenaza.
A partir de estos datos, la Fiscalía imputó a Barassi y Fernández como coautores del delito de intimidación pública (art. 211 del Código Penal), en concurso real (art. 45 del CP), por haber alterado gravemente el orden público con una amenaza infundada.
En el marco de una suspensión del juicio a prueba, se estableció que los imputados deberán abonar $2.000.000 cada uno, en seis cuotas mensuales de $333.333, a partir del 1 de septiembre. También deberán cumplir con 24 horas de trabajo comunitario en sus respectivos municipios y realizar un curso en la División Bomberos, con obligación de presentar certificado de finalización ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
Desde Fiscalía destacaron el rápido accionar de las fuerzas de seguridad que permitió evacuar el establecimiento a tiempo, así como el trabajo de investigación que permitió identificar a los responsables del hecho.
