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SUSCRIBITE El martes por la tarde, personal de la Justicia allanó una clínica del centro sanjuanino para obtener pruebas en la investigación de presunta mala praxis que lleva adelante la fiscalía, a través de la UFI de Delitos Especiales. Del Cimyn, los pesquisas se llevaron un libro de guardia de Enfermería y las imágenes de las cámaras de seguridad, como así también información de los pacientes y la historia clínica de la nena de 9 años que murió en las puertas del lugar.
Es que el fiscal Francisco Pizarro, junto a su equipo de trabajo, sospechan que pudo haber existido negligencia por parte del personal médico que atendió a Abigail Lucero Gatica en tres oportunidades, antes de fallecer. Es por eso que la familia de la menor se conformó como parte querellante y es ahora quien apunta contra los profesionales que la atendieron.
El hecho no resulta menor y recordó episodios anteriores en los que médicos sanjuaninos quedaron en la mira de la Justicia, al igual que los sanatorios y hospitales donde cumplían funciones. Si bien en el historial aparecen varios casos de mala praxis denunciados, ninguno de ellos llegó a una condena firme contra un profesional de la salud.
Por diversas cuestiones, las instrucciones de las causas se diluyeron con sobreseimientos y las que siguieron en pie quedaron a tiro del juicio, aunque ninguna de las más escandalosas concretaron el debate oral y público.
Uno de los casos más emblemáticos de presunta mala praxis es el que tiene como acusado al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, quien luego de la muerte de una paciente (Julieta Viñales, el 3 de marzo de 2020) tras una operación de amígdalas quedó en el ojo de la tormenta. La causa pasó al sistema residual de la justicia y, aunque el procesamiento en su contra persistió, el juicio aún no se realizó.
En agosto de 2017, un despliegue similar al que ocurrió anoche en el Cimyn sucedió en la Clínica Santa Clara, cuando personal judicial y policial ingresaron al sitio para secuestrar elementos para la investigación por el robo de elementos quirúrgicos. Esa vez, la Policía encontró instrumentos que le pertenecían al Hospital Rawson y por ello hubo varios implicados que tuvieron que dar explicaciones.
A pesar de que las autoridades de la clínica quedaron en el medio y de que otros profesionales fueron imputados, finalmente la investigación procesó a una instrumentadora y una enfermera, Ceferina Mirta Quiroga y Patricia Quevedo, por encubrimiento agravado en perjuicio de la Administración Pública. No obstante, se desconoce si la causa fue resuelta en juicio y no trascendió o, bien, todavía permanece en stand by. Hasta mayo de este año, la fiscalía había solicitado la elevación a juicio.
El año pasado, dos médicas del Hospital Rawson fueron sobreseídas por la Justicia luego de haber sido sospechadas por mala praxis. Marcia González y Vanesa Sojo habían sido denunciadas, pero la investigación de fiscalía no encontró pruebas suficientes para sostener la acusación y un juez las libró de culpa. Casualmente, el mismo magistrado, Andrés Abelín Cottonaro, es quien garantiza el proceso que ahora condujo al allanamiento en el Cimyn.
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