En una jornada cargada de tensión en los tribunales de San Juan, los cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) procesados por el presunto robo de 20 millones de pesos a un camionero salteño hicieron uso de su derecho a las "últimas palabras". Frente al Tribunal Oral Federal N°2, los uniformados mantuvieron una postura firme: negaron los cargos, denunciaron irregularidades en el proceso y pidieron perdón a sus seres queridos por el impacto que la causa tuvo en sus vidas personales y profesionales.
Las últimas palabras de los cuatro policías federales
"Pensábamos que nos iban a sobreseer"
Uno de los testimonios más contundentes fue el del cabo primero Marcos Horacio Altamirano, quien se refirió a los intentos previos de alcanzar una reparación económica con la víctima para evitar el juicio:
"Pensábamos que nos iban a sobreseer si devolvíamos ese dinero. La idea fue salir sobreseído, pero nosotros no tenemos esa plata y solo nos queda trabajar para hacerla. Tenía que salir para ir a pedir prestado", confesó Altamirano.
Además, el efectivo remarcó que las audiencias fueron, a su criterio, la clave para revelar la verdad: "En el único lugar que se iba a saber era en el juicio. Con las audiencias se demostró que somos inocentes; hubo muchas contradicciones de la parte denunciante".
El dolor de las familias y la carrera "manchada"
Los demás imputados también hicieron hincapié en el daño que sufrieron sus familias. El cabo Matías Leonel Vega Ante recordó con amargura la fecha del operativo: "Ese 26 de abril me arruinó la carrera y mi vida porque era el cumple de mi hija. Una denuncia nos arruinó y nos manchó".
Por su parte, el sargento Gabriel Ángel Puca expresó que su mayor pesar fue ver a su madre tener que viajar para visitarlo en el penal. "Siempre estuvimos en el lugar haciendo una tarea que no se llevó a cabo. Quise llegar al debate porque se iba a saber la verdad", sostuvo.
Finalmente, el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, quien proviene de una familia con tradición en la fuerza, cerró con un relato personal: "Mi familia es toda parte de la Policía Federal, era lo único que quería ser". "Tengo un expediente ejemplar y he perdido muchas cosas por estar en la policía". "Conocí a mi único hijo estando preso. Nunca hicimos nada".
Denuncias de confidencialidad
Un punto que generó sorpresa fue la mención a presuntas presiones internas. Según se expuso en la sala, existen más de 20 víctimas que habrían pasado por situaciones similares y se denunció que la propia institución les habría hecho firmar un documento de confidencialidad respecto a ciertos procedimientos.
Tras escuchar estas declaraciones, el tribunal pasó a deliberar. La sentencia determinará si los uniformados regresan a sus funciones o si deberán cumplir la pena efectiva solicitada por el fiscal Fernando Alcaraz, quien además exigió una reparación integral de $41.000.000.