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Nunca fueron penados

Los imputados por la fiesta clandestina VIP, a un mes de quedar impunes

A diferencia de los otros sanjuaninos que fueron atrapados in fraganti violando la cuarentena, este grupo selecto que estaba en una fiesta ilegal nunca recibió un castigo. La dilación de tiempos, clave en la causa que está a un paso de prescribir.

Por Luz Ochoa 10 de agosto de 2022 - 22:22

Este próximo 11 de septiembre se cumplen dos años de la fiesta VIP desbaratada en Santa Lucía, en la que 48 jóvenes fueron atrapados in fraganti violando la cuarentena impuesta por la pandemia. Sin embargo y hasta el momento, ninguno de ellos recibió un castigo e incluso podrían quedar impunes, si se dicta la prescripción de la causa.

En ese sentido, lo que separa a los fiesteros VIP de la desvinculación del proceso penal en su contra es el tiempo, más precisamente, un mes. Es que según confiaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, en 30 días, las defensas de los imputados estarán en condiciones de pedir la prescripción de la causa. Eso sí, si la Corte Suprema de Justicia no se expide antes.

Es que el caso que provocó revuelo en San Juan por los apellidos de los imputados, vinculados a familias influyentes en la provincia, quedó en manos de la máxima autoridad judicial del país que todavía no se refirió al tema y, si no lo hace antes de la fecha límite mencionada, se caería la causa.

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El caso por la fiesta VIP siempre dio tela para cortar y hasta las audiencias, en las que no se arribó a nada, hubo detalles para contar

El caso por la fiesta VIP siempre dio tela para cortar y hasta las audiencias, en las que no se arribó a nada, hubo detalles para contar

Como la Corte Suprema no entiende de plazos procesales para resolver en lo inmediato y por lo general se ocupa de causas importantes, se preveía que esto podría ocurrir. Fuentes vinculadas a la investigación comentaron que este desenlace era el que pretendían las defensas que, con diversas presentaciones, tal y como lo exige su trabajo bajo un marco legislativo, promovieron que el proceso se dilate.

A diferencia de los cientos de sanjuaninos que fueron castigados por trasgredir las medidas sanitarias en 2020 y 2021, los nombres vinculados a esta causa zafaron de todo, de cuando se juzgaba con una política criminal más dura por parte del Ministerio Público, mediante Flagrancia, y de cuando las penalidades se flexibilizaron.

Quizás esa discrepancia se pueda comprender con el conflicto de competencia que planteó y lo lejos que llegó hasta, finalmente, pasar del fuero de la justicia provincial al de la Justicia Federal.

Todo comenzó con el pedido de una defensa que parecía descabellado, al principio, pero con el paso del tiempo tomó fuerza y torció el destino de la causa.

El surfeo de la causa por los despachos judiciales

Como los imputados fueron descubiertos por las autoridades cometiendo el ilícito, la investigación judicial recayó en Flagrancia. Los abogados defensores trataron de acordar con los fiscales una suspensión de juicio a prueba -más conocido como "probation", en la que proponían trabajos comunitarios para los acusados y el pago de una reparación simbólica, a cambio de no ser condenados.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público se negaron a llegar a un acuerdo de juicio abreviado por la gravedad que suponía el delito, puesto que la conducta tipificada como delito ponía en riesgo a la población y exponía a contagios masivos de Covid. Los funcionarios pretendían una condena de cumplimiento condicional.

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Algunos de los abogados que participaron en la defensa de los imputados

Algunos de los abogados que participaron en la defensa de los imputados

Con ese escenario y tras ese primer enfrentamiento, el juez Eduardo Raed prosiguió con el proceso, aunque nunca pudo fijar una fecha para la audiencia de finalización, ya que varias defensas apelaron la decisión del magistrado y el expediente llegó a manos de la Sala Segunda de la Cámara Penal.

En esa instancia de apelación, el juez Juan Bautista Bueno rechazó una vez más el pedido de probation y, ante un nuevo recurso extraordinario, las defensas presentaron queja en la Corte de Justicia de San Juan. Hasta esta instancia se debía resolver si se otorgaba la probation o no.

Mientras tanto, la abogada defensora Manuelita Moreno Ferrer, directamente, se presentó ante el juez Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Segundo Juzgado Federal, y le pidió que se hiciera cargo del caso ya que, según argumentaba la causa era competencia del fuero federal. Es que señalaba que las restricciones por la pandemia las había incitado el Gobierno Nacional.

A pesar del intento de la letrada, Rago Gallo resolvió que, en realidad, era competencia de la justicia sanjuanina.

Una vez más, los abogados apelaron el fallo del juez federal sanjuanino y el caso pasó a un tribunal superior: la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en Mendoza. En esta instancia, el tribunal le dio la razón a Rago Gallo y dijo que la competencia era del Poder Judicial de San Juan.

Los defensores volvieron a apelar y la causa pasó a un tercer tribunal. Esta vez, fue el turno de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó lo resuelto por los dos tribunales federales anteriores y sostuvo que la causa debía ser competencia de la Justicia Federal.

Luego del espaldarazo para los defensores, el caso volvió a la Corte de Justicia de San Juan y se lo bajó al juez natural de la causa, Eduardo Raed, para que resolviera si era de competencia provincial, o no. El magistrado resistió lo dictaminado por la Cámara Federal de Casación Penal e insistió con que la jurisdicción pertenecía a la justicia provincial.

Fue por ello que la causa, como está estipulado para este tipo de circunstancias, regresó al juez federal Rago Gallo para que determinara en qué fuero debía dirimirse y, pese a su primera apreciación, esta vez optó por que la causa se desarrollara en el fuero federal.

Como el conflicto de competencias se presentó entre Raed y Rago Gallo, el expediente debió ser forzosamente remitido a la Corte Suprema. Desde fines del año pasado, la causa permanece allí y todavía no fue revisada y, por cómo se dieron los hechos, es posible que así se mantenga hasta que se produzca la prescripción.

Fuentes especializadas indicaron que todo acusado tiene derecho de que el Estado se expida, por lo que podrían llover los pedidos de prescripción, cuando los plazos se hayan cumplido y no hubiere una resolución al respecto.

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