En el transcurso del 2024, la Policía de San Juan secuestró de más de 10 toneladas de cobre robado y más de 1.300 kg de cableado de aluminio. Estos operativos, ejecutados por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía local, han resultado en una acción efectiva que refleja el compromiso del gobierno provincial en frenar este tipo de delitos, que afectan gravemente la seguridad pública y la economía.
Según indicaron desde la Secretaría de Seguridad, el secuestro de estos metales forma parte de una estrategia para combatir el robo de metales, un fenómeno que ha crecido en los últimos años debido a la alta demanda y valor que tienen estos materiales en el mercado ilegal. La incautación de cobre y aluminio no solo impacta a la propiedad privada, sino que también tiene repercusiones en sectores claves de la economía, como los servicios de electricidad, telefonía y gas, cuya infraestructura depende de estos materiales. El robo de estos metales puede generar graves interrupciones en dichos servicios, afectando tanto a los ciudadanos como a las empresas.
Este trabajo se desarrolla en el marco de la Ley 2437-J, sancionada en 2022 por la Cámara de Diputados de la provincia, que regula la tenencia, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Esta normativa ha permitido un control más riguroso sobre la circulación de estos materiales y ha facilitado la intervención de las autoridades para prevenir y sancionar estos delitos.
Según el Oficial Principal José Nagle, a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, los resultados de los operativos han sido "muy positivos", destacando la efectividad de las estrategias implementadas para frenar el robo de metales en la provincia. "Los operativos han permitido incautar grandes cantidades de cobre y cableado de aluminio, lo que representa no solo una victoria en términos de seguridad, sino también en el fortalecimiento de la estabilidad económica de la región", señaló Nagle.