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SUSCRIBITELos uniformados están sospechados de quedarse con $20.000.000 de un camionero en un polémico control vehicular realizado en 2024 en Vallecito, Caucete. El tribunal deberá resolver si cometieron el delito o no. La semana próxima se define.
El juicio contra los cuatro policías federales acusados de un millonario robo durante un control vehicular en Vallecito, Caucete, entró en su etapa decisiva. Y es que, tras el cierre del período de prueba, el debate oral avanza hacia su tramo final y el próximo 1 de abril se realizarán los alegatos, instancia previa al veredicto que deberá dictar el tribunal federal.
En ese contexto, las defensas resisten a la acusación y advierten que no llegó a probarse nada en el proceso. Acorde indicó el abogado defensor Fernando Bueno, no se pudo demostrar que los uniformados se hubieran quedado con el dinero bajo ninguna circunstancia.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de San Juan y tiene como acusados al oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante. Los cuatro están imputados por el presunto robo de $20.000.000 durante un procedimiento realizado en abril de 2024 sobre la Ruta Nacional 141.
Desde la defensa insisten en que el debate no logró demostrar la existencia del hecho. Según explicó Bueno, los acusados fueron investigados en profundidad sin que se encontraran elementos que los vinculen con el supuesto dinero desaparecido. “Los han investigado por todos lados: allanamientos, teléfonos, análisis de cuentas bancarias, levantamiento del secreto bursátil. Con todo tipo de análisis no se pudo demostrar que hayan tenido un movimiento de dinero extra”, afirmó el abogado.
El defensor también cuestionó uno de los puntos centrales de la acusación: la existencia misma del desapoderamiento del dinero. “No está probado que haya habido un robo. En Tucumán vieron el dinero y nadie más vio nada”, remarcó.
La estrategia defensiva también apunta a las inconsistencias en los horarios y en el recorrido del camión conducido por el denunciante, el chofer salteño Isaías Eusebio Arce. De acuerdo con Bueno, los registros telefónicos no coinciden con la hipótesis de la fiscalía. “Tenemos registro de que la antena del teléfono del chofer muestra que el camión pierde la señal, impacta en Chepes a cierta hora y después en Media Agua. No dan los tiempos para que haya existido el operativo como lo describen”, sostuvo.
Además, cuestionó que el vehículo haya sido detenido, revisado, fotografiado y sometido a dos actas en un lapso que, según dijo, no coincide con los registros técnicos. “Hay un montón de cosas que no cierran, no nos dan los tiempos del camión”, agregó.
Pese a los planteos de la defensa, la fiscalía mantiene firme su postura. Según la acusación, el hecho ocurrió la madrugada del 24 de abril de 2024 cuando los efectivos interceptaron un camión que transportaba $31 millones en efectivo para pagos a proveedores en Mendoza.
El fiscal sostiene que, tras el procedimiento, el chofer continuó viaje con $11 millones y que los $20 millones restantes nunca fueron registrados en ningún expediente ni procedimiento oficial, lo que dio origen a la denuncia que hoy se juzga.
Con todas las declaraciones ya realizadas y la prueba prácticamente agotada, el proceso entró en su tramo definitivo. El próximo 1 de abril será el turno de los alegatos, donde tanto la fiscalía como las defensas expondrán sus conclusiones ante el tribunal.