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SUSCRIBITELa víctima de este hecho tiene 17 años y se encuentra en delicado estado de salud. El mayor que se sentó en el banquillo de acusados quedó imputado por portación ilegítima de arma de fuego. El revólver que era de su propiedad desapareció.
El barrio Conjunto XIII de Chimbas todavía no sale del asombro tras el violento episodio que dejó a un adolescente de 17 años entre la vida y la muerte. Lo que comenzó como una madrugada entre amigos terminó con un disparo en el rostro de J.M., quien hoy lucha por recuperarse en el Hospital Rawson.
Todo ocurrió el pasado 15 de octubre, alrededor de las 4.30 de la mañana, dentro de una vivienda ubicada en la manzana D, casa 12 del mencionado barrio. De acuerdo con la investigación fiscal, en ese lugar se encontraban varios jóvenes reunidos cuando una menor, identificada como A.M., también de 17 años, manipuló un arma tipo revólver sin saber que estaba cargada. En un movimiento repentino, el arma se disparó y la bala impactó en el rostro de Joel.
El chico fue trasladado de urgencia por sus propios familiares al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado continúa siendo delicado, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho y quiénes son los responsables.
Las primeras averiguaciones revelaron que el arma con la que se efectuó el disparo pertenecía a Santiago Fernández, un joven mayor de edad que también estaba presente en el domicilio. Según testigos, Fernández habría ingresado al lugar con el revólver y, tras el disparo, se retiró del sitio llevándose el arma, la cual hasta el momento no fue hallada.
Por esa razón, Fernández fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. En una audiencia celebrada en las últimas horas, la fiscalía a cargo de Nicolás Schiattino -subrogado por Adolfo Díaz- junto a la ayudante fiscal Roxana Fernández, solicitó la prisión preventiva para el acusado por el delito de portación ilegítima de arma de fuego. Sin embargo, el juez de Garantías Guillermo Adarvez resolvió otorgarle la prisión domiciliaria, con un plazo de investigación fijado en ocho meses.
Mientras tanto, la causa que involucra a la menor que manipuló el arma fue derivada al Juzgado de Menores, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.