Fue acusada por truchar un certificado médico, pero zafó de una pena

Se trata de una ciudadana que denunció al bodeguero García Pareja por el presunto abuso sexual de tres menores de su entorno, causa que todavía tiene al empresario en la mira. En esta oportunidad, la mujer que fue desligada del proceso penal fue castigada con tareas comunitarias y una remuneración económica a favor de un merendero por el delito de «Falsificación de instrumento privado».

La defensora oficial de María Victoria Inés Pelliza, Emilia Nielson, acordó con la fiscalía representada por Adrián Riveros que la imputada pague 8 mil pesos a un merendero y haga trabajos comunitarios en la Municipalidad de Capital con tal de ser desvinculada del proceso penal en su contra. A pesar del acuerdo entre la defensa y el Ministerio Publico, la parte querellante en el caso, encarnada por Marcelo Fernández se opuso a la resolución que fue homologada por el juez de garantías Diego Sanz.

Todo comenzó cuando García Pareja le manifestó al juez Toro su preocupación por sus hijos y por su ausencia en el establecimiento educativo, a principio de este año. Fue por ello que la madre de los menores en cuestión presentó un certificado médico, aduciendo que las faltas se debieron por haber contraído covid.

Pelliza quedó en la mira de la Justicia por presentar un certificado médico trucho al juez Penal de la Niñez, Jorge Toro, con el objetivo de justificar las inasistencias de sus hijos a la escuela.

Sin embargo, el juez Toro solicitó un informe a la clínica de donde se había emitido el certificado médico y lo sorpresivo para su señoría fue que desde la institución respondieron que ningún menor había sido atendido allí, acorde los registros del centro de salud. Motivado por este hecho, el titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez denunció lo sucedido a las autoridades penales.