Este viernes, el mega juicio de expropiaciones tuvo la última audiencia del 2024, siendo los alegatos del abogado Horacio Alday el hecho que dio cierre al año. Luego de la feria judicial, el debate se retomará a partir del 12 de febrero, momento en el que iniciarán los alegatos del exjuez Civil, Carlos Macchi.
En la audiencia de este viernes 27 de diciembre, la defensa de Alday insistió con la absolución que solicitó desde el comienzo de su exposición. Al igual que el 6 de diciembre pasado, cuando iniciaron los alegatos, se planteó la nulidad de la acusación en su contra y como argumento se esgrimió la supuesta inexistencia del delito en su proceder.
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Es que, según detalló la defensa ejecutada por el hijo del imputado, Natalio José Alday Bonanno, el hombre señalado de ser partícipe necesario en la trama delictiva no sabía que existía un delito. El defensor aseveró que tampoco podría haber encubierto un delito, si no conocía la comisión del mismo.
Quien está acusado de ser el socio de Santiago Graffigna afronta una pena que podría llevarlo a prisión, pues la fiscalía, representada por Daniel Galvani y Liliana Marinero, solicitó 10 años de pena. Por su parte, la Fiscalía de Estado, encarnada por Sebastián Dávila y Rubén Pontoriero, pidió 15 años de cárcel para Alday.
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Finalizado el periodo de feria judicial, el juicio tendrá continuidad el próximo 12 de febrero. La actividad comenzará con los alegatos del exjuez Civil, Carlos Macchi, el magistrado destituido por este escándalo. El mismo afronta 18 años de prisión, a pedido de la querella, y a 8 años por pedido del Ministerio Público.
¿Una nueva denuncia penal?
A poco de terminar con su alegato, el defensor de Graffigna le presentó al tribunal un escrito de la mega causa con una supuesta firma falsificada de Pontoriero. Acorde lo que manifestó, el documento resulta falso porque la rúbrica no la hizo el querellante, sino otra persona.
El principal acusado se paró de su asiento para acercarle a los tres jueces una copia de la prueba y alertarlos sobre el presunto hecho ilícito. Fernández, por su parte, advirtió la obligación de todos los funcionarios presentes de denunciar en caso de sospechar un delito e hizo la reserva de que, si ninguno denunciaba, él lo haría y apuntaría en su contra por incumplimiento de los deberes.
En las semanas previas, la misma defensa había acudido a la justicia penal para denunciar a quienes impulsaron la mega causa, entre ellos el miembro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis (ex Fiscal de Estado) y el querellante actual Pontoriero. No obstante, su presentación fue rechazada en primera instancia por la UFI de Delitos Especiales del Ministerio Público. Aún así, la parte denunciante insiste con que la sospecha sea investigada.