Hace una semana se daba a conocer que Santiago Graffigna había denunciado a Guillermo de Sanctis, actual miembro de la Corte de Justicia, y a otros seis miembros por incumplimiento a los deberes de funcionario público y falsificación de documento. Tras un estudio exhaustivo de la denuncia, el fiscal de UFI Delitos Especiales resolvió desestimar la denuncia porque su conclusión es que hay una clara inexistencia del delito, como así también, la supuesta autoría de los denunciados.
La denuncia que realizó Graffigna junto a su abogado Marcelo Fernández fue directamente contra el cortista Guillermo de Sanctis, Rubén Pontoriero, Jorge Diego Maurín, Raúl Gustavo Sillero, Edgardo Luis Navarro, Gustavo Adolfo Sambrizzi y Ariel Paredes Collado. El implicado en la mega causa expropiaciones señaló que De Sanctis presentó un documento con información falsa en el Juzgado Contencioso Administrativo en el 2016 con el fin de perjudicarlo y hundirlo en esta causa que afronta.
Esta denuncia se realizó en medio de los alegatos que se están realizando por la mega causa de expropiaciones. Y donde la fiscalía de estado (querella) representada por Rubén Pontoriero y el representante del Ministerio Público Fiscal Daniel Galvani solicitaron prisión efectiva para Santiago Graffigna. Pontoriero pidió 25 años de pena y Galvani 15, precisamente.
Según expresa parte del dictamen dado por el fiscal Nicolás Schiattino y firmado por el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales, la denuncia presentada por Santiago Graffigna “se advierte una evidente contradicción en el contenido de la denuncia formulada por el ciudadano Graffigna, en tanto para tipificar los delitos de falsedad documental y estafa procesal, propicia la falsedad de las afirmaciones de la parte actora contenidas en el escrito de demanda que diera inicio al expediente”.
Para los representantes del Ministerio Público existe una clara inexistencia de los delitos denunciados por Graffigna.
El documento que contiene información falseada, según el denunciante, fue presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo para plantear la nulidad de un proceso de expropiación que beneficiaba a Graffigna. Además de señalar que su presentación era irregular porque no había pasado por la mesa de entrada, sino que directamente se hizo en el juzgado de la jueza Adriana Tetamantti, cuestionaron el contenido de la misma por mencionar una prueba inexistente.
Por este punto en particular, los representantes del MPF expresaron en sus fundamentos: “Que la Sra. Magistrada Dra. Tettamanti, no se adentraría en el estudio de dicho elemento probatorio, representa en el caso solo una suposición del denunciante, así lo reconoce expresamente en su denuncia, mas no resulta la conducta legal y esperada del funcionario decisor del pleito”.
Sobre el punto de la presunta comisión del delito de falsificación de documento público resolvieron: “La demanda interpuesta no reviste condición de instrumento público, entendiendo que como instrumento procesal contiene solo la pretensión de la parte reclamante, pero en modo alguno contiene declaraciones concernientes a hechos que el mismo documento deba probar”.
Además, agregan otros dos puntos: “Las afirmaciones, potencialmente inexactas, según la apreciación del denunciante, resultan atípicas y son propias de la dialéctica del proceso contradictorio, quedando en definitiva a criterio del magistrado, al tiempo de resolver, verificar si esas afirmaciones encuentran sustento probatorio, esta es la naturaleza del proceso”. Y finalmente se expresa: “No existe, en los términos de la norma penal, y conforme a la exposición de los hechos denunciados, imitación, copia o simulación de un instrumento falso bajo la apariencia de uno verdadero, pues la demanda, como documento es auténtica, más allá de la veracidad de sus afirmaciones, es autónoma e independiente”.
Esta resolución del Ministerio Público se da a conocer dos días después al escueto mensaje que escribió Guillermo de Sanctis, mienbro del ente máximo de la justicia sanjuanina, en el cual manifestó: “No voy a hacer declaraciones por no tener conocimiento de una denuncia que tomó estado público por publicaciones periodísticas y que se encontraría en trámite ante el Ministerio Público Fiscal, desconociendo su contenido, términos y qué se me atribuye”.
