El abogado Nicolás Fiorentino acaba de presentar una denuncia penal contra tres jueces sanjuaninos por abuso de autoridad. La presentación tiene como trasfondo un caso que involucra a tres famosos médicos de San Juan.
sábado 11 de enero 2025
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SUSCRIBITELa denuncia es de Nicolás Fiorentino y apunta contra el Titular del Tercer Juzgado Civil, Luis Cesar Arancibia y los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sergio Saffe Peña y Elena de la Torre de Yanzón.
Tribunales de San Juan.
El abogado Nicolás Fiorentino acaba de presentar una denuncia penal contra tres jueces sanjuaninos por abuso de autoridad. La presentación tiene como trasfondo un caso que involucra a tres famosos médicos de San Juan.
La denuncia apunta contra el Titular del Tercer Juzgado Civil, Luis Cesar Arancibia y los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sergio Saffe Peña y Elena de la Torre Yanzón.
Fiorentino les endilga a los magistrados los delitos de “abuso de autoridad”, previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal, y el delito de “prevaricato”, previsto y penado por el artículo 269 del Código Penal; como así también otros posibles actos delictivos que pudieran surgir y resultar tipificados a través de la investigación.
La actuación que se cuestiona se da en el marco de un proceso de ejecución de honorarios; "tratándose de honorarios regulados mediante resoluciones consentidas y firmes", según plantea el denunciante.
"Los tres jueces que aquí son denunciados, han obrado dentro del marco de la función que como Juez tienen asignada, faltando a sus deberes y con la clara intención de torcer la justicia del caso concreto; actuando al margen de la ley; privándome del derecho a cobrar los honorarios que legítimamente me corresponden por ley (Arts. 92, 95 y cc de la Ley de Honorarios de los Profesionales de la Abogacía – Ley 2557-O y Arts. 865, 866, 867, 867, 868, 869, 870 y cc del CCyC), en muestra de una clara actitud delincuencial, de despotismo y arbitrariedad judicial", expresa Fiorentino.
El caso en el que el abogado cuestiona la conducta de los jueces data de 2017 y es el de los conocidos médicos locales Sergio Américo Ocampo contra José Alberto Vignoli y Beatríz Susana Salanitro. Fiorentino representó a Ocampo y reclama por $7.740 de honorarios que considera que se le debían haber pagado en esa época.
"El crimen que se imputa a estos jueces consiste en el dictado intencional de una decisión judicial ilegal; en lo que constituye un claro abuso de su función jurisdiccional, con la clara intención de perjudicarme y que la ejecutada (Salanitro) obtenga una ventaja patrimonial y, donde se puede reconocer los elementos generales y correspondientes a lo que se conoce comúnmente como estafa o defraudación", destaca la presentación.
Fiorentino postula que "la suma reclamada surge de la regulación de honorarios efectuada a mi favor mediante las resoluciones recaídas en primera instancia, de fecha 15 de diciembre de 2017, fijados en la suma de $ 2.000; en la resolución de fecha 30 de julio de 2018, fijados en la suma de $ 2.240; como en la resolución de fecha 26 de febrero de 2021, fijados en la suma de $ 3.500; en todos los casos, habiéndose fijados tales honorarios, por mi actuación en carácter de patrocinante de la parte actora; resoluciones todas ésta, que se encuentran consentidas y firmes - (fs. Sub 02 y vta. de los Autos N° 161.765/1/1 – escrito presentado con Cargo del 15 de junio de 2021)".
Salanitro (que fue Directora Ejecutiva del Hospital Rawson en la primera gestión de Sergio Uñac), pidió por intermedio de su abogado Manuel Gimenes en septiembre de 2021 que se tenga por realizado el pago efectuado en concepto de honorarios profesionales y se deje sin efecto continuar con una medida de ejecución de embargo. Es que la médica hizo el depósito mediante su abogado pero para Fiorentino este pago es nulo ya que el letrado "carecía de facultades para realizarlo (patrocinio), al no ser un acto de mero trámite".
Fiorentino recibió luego un revés del juez Arancibia, que determinó que "no vislumbro obstáculo alguno para que el Dr. Gimenes haya efectuado el depósito del capital reclamado, aún sin la firma de su patrocinada".
A la par de la denuncia, Fiorentino pide constituirse en parte querellante. Y expone que "no se ha ofrecido el pago concreto de los intereses devengados" y que "se pretendía cancelar la deuda con dicho depósito, como pago total; tal cual fue considerado en un primer momento por el mismo Juez Arancibia y la Cámara en sus decisiones preliminares".
Y esgrime que el abuso de autoridad "se pone igualmente de manifiesto con la decisión del tribunal colegiado de imponerme un apercibimiento, con lo que es claro que se envía un claro mensaje de represalia contra cualquiera que se atreva a enfrentar jurídicamente a los jueces; lanzando una advertencia a los abogados que intenten recursos contra las decisiones arbitrarias de los jueces".