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SUSCRIBITE Después de que la financiera Wenance se convirtiera en noticia nacional por declararse en default y como consecuencia se registraran cientos de damnificados en todo el país, incluyendo a decenas de sanjuaninos, por primera vez se radicó una denuncia en la justicia sanjuanina contra la empresa y sus dos representantes que operaban en la provincia.
Fueron cuatro los damnificados que denunciaron a la financiera en la Unidad Fiscal del Sistema Mixto y que apuntaron contra los asesores financieros Agustín Graffigna y María Fernanda Moreno Palacio. Junto a la cabeza de la firma, Alejandro Muszak, y otras autoridades que fueron denunciadas en otras jurisdicciones del territorio argentino, los sanjuaninos vinculados a Big Capital quedaron bajo la mira.
Según señala la denuncia conjunta que recibió la fiscal Claudia Salica, quien ya solicitó la instrucción de la causa a la jueza Irene Mabel Moya, del Segundo Juzgado de Instrucción, tanto Graffigna como Moreno Palacio actuaron de manera similar e hicieron que sus conocidos invirtieran dinero con la promesa de que recibirían una ganancia superior a lo que un plazo fijo podría ofrecerles.
Cuando la tasa de interés de los bancos estaba por debajo del 118% actual, los sanjuaninos denunciados que trabajaban en una oficina situada en Rivadavia, en el interior de un paseo comercial ubicado en la calle conocida como Cabaña (Manuel Zavalla), ofrecían tasas de hasta 145%. Esta enorme diferencia sedujo a los denunciantes a querer invertir y, aunque cumplieron con las transferencias, se quedaron con las manos vacías.
Algunos denunciantes invirtieron un millón de pesos, otros dos millones y hubo otros que fueron montos mucho más elevados, al punto que no quisieron revelarlos. Lo cierto es que hubo quienes hasta pidieron préstamos o vendieron propiedades para contar con el efectivo y así invertir en la financiera.
Lamentablemente para ellos, acorde la denuncia, sólo recibieron una parte de la renta que le prometían y, cuando estalló el conflicto, perdieron contacto con los denunciados. Las explicaciones de Graffigna y Moreno Palacio referían al problema de la empresa, que los superaba y que no podían hacer nada para devolver los montos que las víctimas habían transferido.
Uno de los denunciantes indicó que hasta la propia oficina, donde había tenido varias reuniones, fue desmantelada y que nadie más contestó los llamados. Entre los primeros cuatro denunciantes se estima que podrían haber sido estafados por más de 10 millones de pesos, aunque fuentes allegadas al caso señalaron que esa cifra sería sólo la punta del iceberg.
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