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SUSCRIBITE El caso que pone en jaque los tiempos del Sistema Acusatorio contará con la participación de un nuevo juez, después de que Benedicto Correa apartara por segunda vez a un magistrado de la causa. Será la jueza de Garantías María Gema Guerrero quien tome intervención y tenga un papel clave en la definición en el expediente contra Mario Parisí, el funcionario judicial acusado por violencia de género.
Su señoría tendrá que decidir si acepta el pedido de probation (suspensión de juicio a prueba), impulsado por la defensa, o bien si lo rechaza. Todo ello deberá darse en tiempo récord, ya que el reloj corre y ello desfavorece la causa que investigan los fiscales del CAVIG, encabezados por Roberto Ginsberg. Es que el próximo 14 de noviembre el caso podría prescribir, ya que se cumplirán dos años de la denuncia que radicó la víctima.
El desafío para Guerrero no sólo será resolver en poco tiempo, sino que también deberá ser puntillosa al momento de argumentar su fallo, teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y las decisiones del Tribunal de Impugnación. Previamente, el juez Correa destrozó los fundamentos de los jueces Matías Parrón y Celia Maldonado cuando, primero uno y después la otra, desestimaron la solicitud de probation.
Los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair, desde un principio, pretendieron que la causa se resolviera sin tener que llegar a la instancia de juicio. Es por eso que en su propuesta de solución alternativa del conflicto ofrecían una cifra de dinero para compensar el daño causado, al igual que tareas comunitarias en una dependencia estatal. Sin embargo, la fiscalía y la querella se opusieron a ello.
El fiscal Ginsberg esgrimió como argumento la política criminal del Ministerio Público para oponerse al pedido, mientras que la querella representada por Reinaldo Bedini señaló que ninguna proposición económica equivalía al daño provocado por Parisí.
Correa, que declaró inconstitucional el artículo que exige el consentimiento del fiscal para que se conceda la probation, hasta ahora ha evitado definir si corresponde o no dicha resolución y sólo se ha limitado a cuestionar los fundamentos de los jueces que denegaron la posibilidad. Es por eso que resulta todo un misterio qué va a pasar cuando Guerrero tome contacto con el caso, es decir, si correrá con la misma suerte que sus colegas o no.
En la última resolución del juez de Impugnación, que acusó a la querella de pretender más dinero de Parisí para llegar a un acuerdo, algo que Bedini negó rotundamente, también cuestionó que efectivamente se tratara de un caso de violencia de género. A lo largo de su fallo, citó autores y contrastó sus opiniones con detalles de la causa, dejando entrever que quizás no se esté frente a un hecho de tales características. No obstante, fueron algunas menciones y nada específicamente de fondo.
Si bien desde fiscalía han negado -off the record- que la causa podría prescribir, hay quienes advierten que podría llegar a suceder. Más allá de los comentarios entre los pasillos de Tribunales y sus alrededores, la autoridad judicial que se pronunció públicamente sobre el tema fue el Fiscal General que se metió de lleno en la polémica. "Me da vergüenza", sostuvo Eduardo Quattropani en referencia a los tiempos consumidos.
Este diario accedió a datos oficiales que marcan que un caso de violencia de género todavía más grave en la UFI CAVIG, como puede ser el de una tentativa de femicidio, puede durar como máximo un año y medio. Por otra parte, los casos que son similares se extienden por unos 6 meses, por lo que el caso Parisí vino a romper los tiempos récords que el servicio de la nueva justicia ostenta.