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Guardiacárcel detenido

Confirman la prisión preventiva de 4 meses para el penitenciario imputado en una estafa de $206.000.000

Un juez de impugnación ratificó la detención de Alejandro “Tati” Jofré, el guardiacárcel imputado de 44 maniobras fraudulentas con un perjuicio millonario contra sus excompañeros y otras personas.

Por Walter Vilca

No prosperó el pedido de revocar la prisión preventiva dictada contra el penitenciario investigado por 44 presuntos fraudes por 206.000.000 de pesos en perjuicio de sus excompañeros del penal de Chimbas. Este jueves, un juez de impugnación tiró por tierra la posibilidad de rever la medida y confirmó la detención de Alejandro “Tati” Jofré por 4 meses más.

El guardiacárcel está preso desde el 5 de septiembre y es señalado como el ideólogo de un sistema de falsas inversiones a través del cual, según la fiscalía, convencía a compañeros penitenciarios y allegados de entregarle grandes sumas con la promesa de rápidas ganancias. Al principio devolvía pequeñas partes para generar confianza, pero luego dejaba de responder y el dinero nunca regresaba.

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Jofré en compañía de su pareja, su padre y su hermana en la audiencia de noviembre pasado.

Jofré en compañía de su pareja, su padre y su hermana en la audiencia de noviembre pasado.

El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, sostienen que Jofré cometió 44 hechos de estafa bajo esa modalidad. La causa se inició con un grupo de denuncias entre julio y agosto pasado, cuando varios penitenciarios afirmaron haber sido engañados por su compañero. El 5 de septiembre, la Policía lo detuvo en una vivienda de Angaco, y el 8 el juez Matías Parrón dictó su prisión preventiva, resolución que después fue confirmada por el juez de Impugnación Daniel Guillén. Con el correr de las semanas se sumaron nuevas presentaciones y la causa llegó a las 44 denuncias actuales, con un perjuicio superior a los 206 millones de pesos.

Entre las últimas denuncias figuran las de Antonio Alcaraz, empleado de Obras Sanitarias, quien entregó más de 2,6 millones; Luis Daniel Porras, que transfirió 9 millones para un negocio de mercadería que nunca existió; y Carlos Alberto Herrera, agente penitenciario, que declaró haber transferido 7,5 millones a cuentas vinculadas a Jofré, su hermana y su pareja. Cuando el flujo de devoluciones se cortó, todos ellos descubrieron que habían sido víctimas del mismo ardid.

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El avance de la investigación también complicó al entorno del guardiacárcel. La fiscalía imputó como partícipes necesarios a su padre, Américo Jofré; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su pareja, Gabriela del Rocío González, debido a que habrían facilitado cuentas y movimientos bancarios utilizados para aparentar legalidad en las operaciones. Los tres permanecen en libertad, aunque con medidas de coerción sobre sus bienes, mientras la investigación continúa reuniendo pruebas y reconstruyendo el recorrido del dinero.

Después de la audiencia del 4 de noviembre último, el juez de garantías Matías Parrón no solo imputó también a estos tres integrantes del círculo íntimo de Jofré, sino que además prorrogó la prisión preventiva por otros 4 meses. Esa resolución fue apelada por la defensora del penitenciario, la abogada María Filomena Noriega, quien argumentó que no existía peligro de fuga ni riesgo procesal y llevó el planteo ante un tribunal de Impugnación con la intención de revertir la detención.

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Este jueves se realizó esa audiencia de impugnación y, pese a los argumentos expuestos por la abogada Noriega, el juez Daniel Guillén sostuvo la posición de la fiscalía y ratificó la prisión preventiva dictada por el juez de primera instancia. Consideró que subsisten los riesgos procesales señalados por la acusación y que la libertad del imputado podría entorpecer la investigación en curso, especialmente por el volumen de víctimas y el dinero aún no recuperado.

De este modo, el magistrado ordenó que Alejandro “Tati” Jofré continúe detenido durante el plazo ya fijado en noviembre, mientras la fiscalía sigue adelante con la investigación del total de los 44 hechos denunciados y del perjuicio económico que supera los 206 millones de pesos.

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