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SUSCRIBITELo que llamó la atención de este hecho es que este sujeto cayó porque un juez ordenó que su celular sea peritado por una causa por robo. Cuando lo estudiaron, saltó que hacía esta maniobra delictiva.
En un giro inesperado de los hechos, la Justicia sanjuanina condenó a Jonathan Leonel Castillo a tres años de prisión en suspenso. Lo que comenzó como una investigación por un robo agravado terminó destapando una organización dedicada a la falsificación y venta de obleas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
El destino de Castillo comenzó a sellarse el 10 de abril de 2025. En aquel momento, el sospechoso estaba bajo la lupa de la UFI de Delitos contra la Propiedad por una causa de robo. El juez de Garantías, Eugenio Barbera, había ordenado la intervención de su teléfono celular para rastrear pistas sobre aquel delito. Sin embargo, al analizar las comunicaciones, los peritos se encontraron con algo que no buscaban: una catarata de mensajes que probaban que Castillo fabricaba, comercializaba y entregaba certificados de RTO apócrifos.
La maniobra era directa: el condenado utilizaba su domicilio en calle Cortinez (Capital), su propio vehículo y su cuenta de Mercado Pago para cobrar sumas de dinero a cambio de documentación que carecía de validez legal, evitando así que los vehículos pasaran por el control técnico real.
Tras el hallazgo en las escuchas, la UFI Genérica, liderada por la fiscal Daniela Pringles junto a la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, tomó cartas en el asunto. Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Castillo, los investigadores secuestraron material que lo dejó en la lona. Una camioneta Volkswagen Amarok con una oblea de RTO falsa pegada en el parabrisas, cédulas de RTO falsificadas a nombre de terceros y del propio imputado y evidencia del uso de su teléfono como herramienta central para la operación delictiva.
Este viernes, mediante un Juicio Abreviado, el juez de Garantías Dr. Gerardo Javier Fernández Caussi homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Castillo fue declarado autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público agravada, por tratarse de documentación requerida para la circulación vial y lo sentenciaron a tres años de prisión de cumplimiento condicional.