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SUSCRIBITEUno por uno, quiénes son los profesionales de la salud que habían quedado en la mira y que la fiscalía, tras indagar en su accionar, decidió solicitar el sobreseimiento. Pese al pedido del Ministerio Público, la presunta comisión de delito se sostiene contra los principales acusados y una médica.
Luego de haber quedado implicados en la causa contra Garder Salud, la prestadora de la Obra Social Provincia sospechada de estafa, 5 imputados serán desvinculados por la fiscalía. Así lo confirmaron fuentes allegadas a Tiempo de San Juan, las que indicaron que los motivos que impulsaron la decisión del Ministerio Público fueron múltiples.
El fiscal Iván Grassi puso la lupa sobre los profesionales de la salud que se vieron involucrados en las maniobras de la prestadora que es investigada por la presunta defraudación en perjuicio del Estado, con la facturación de servicios fantasmas. Sin embargo y al cabo de varios meses de instrucción, el representante de la UFI de Delitos Especiales consideró que no había pruebas concretas que incriminasen a los apuntados y, en otros casos, ni siquiera había material para sospechar.
Es por eso que le solicitará al juez de Garantías Diego Manuel Sanz que dicte el sobreseimiento para los nutricionistas Genoveva María García Menegazzo y Federico Javier Quintana; como así también para los médicos que cumplían funciones en la OSP y ejercían tareas de control, Valeria Aciar y Leonardo Trincado. Además, quien será desvinculado de la causa será el enfermero que trabajaba en Garder, Mauricio Mesias.
Por otro lado, los investigadores siguen apuntando hacia los principales acusados, Eduardo Guzmán, Marilina de la Fuente, María Florencia Molina de la Fuente, y la médica que también cumplía funciones en la prestadora, María Noel Becerra. Para Grassi, la responsabilidad de los cuatro imputados, por el momento, es clara y por eso la instrucción avanza hacia la elevación a juicio.
Becerra también trabajaba en clínicas y hospitales y se estima que, desde allí, derivaba pacientes para los servicios de la prestadora, mientras que Guzmán, De la Fuente y Molina quedaron en la mira por ser los socios propietarios de la firma que habría estafado al Estado tras cobrar por internaciones domiciliarias, entregas de módulos alimentarios y traslados que nunca fueron realizados, es decir, fantasmas.
Los imputados están señalados por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Sin embargo, no todo estaría dicho ya que podría darse una calificación más grave como la de asociación ilícita, si se comprueba un mecanismo para delinquir. Y es que no se trata de mera especulación de quien escribe, sino que fue el mismo funcionario del Ministerio Público que indaga, que en una audiencia aseguró que existió una especie de "ingeniería delictiva".