La broma de la amenaza de bomba contra un edificio público, en este caso en particular en el Centro Cívico, tuvo una solución. Uno de los acusados se responsabilizó del delito y aceptó la pena de 2 años de prisión condicional, como así también deberá pagar una suma de $4.000.000 por todo el movimiento logístico que se realizó.
Lo llamativo de este acuerdo que se llegó con Carlos Cabaña, es que deberá pagar durante 2 años y 6 meses una cuota de $133.333,33; ya que a este monto lo “financió” en 30 cuotas iguales.
Otro de los datos que dieron a conocer desde la Justicia, es que Fiscalía de Estado -que se presentó como querellante- manifestó que no irá por la vía civil, ya que el acusado aceptó pagar este monto.
Esta amenaza contra el edificio público fue el pasado 16 de septiembre y con la investigación de UFI Genérica conformada por Ignacio Achem y Belén Sánchez se comprobó que se realizó en un contexto de trabajo.
El llamado al 911 donde se dijo que había una bomba en el Centro Cívico salió del celular de Hugo Castro, pero él no hizo el llamado. Quien llamó a la línea de Emergencia fue Cabaña, porque con los datos que salieron a luz le agarró el celular a Castro en broma y se activó la llamada SOS o emergencia. En el audio se pueden escuchar risas y después decir que había un explosivo.
Cabaña aceptó todos los puntos del juicio abreviado, el juez Diego Sanz homologó el acuerdo condenándolo a una pena de 2 años de prisión en suspenso y el pago en cómodas cuotas.
Los dos acusados fueron detenidos durante el último fin de semana y la audiencia se iba a llevar cabo el lunes, pero porque se llegó a este acuerdo se pasó para el martes último; es decir que estuvieron más de 72 horas aprehendidos.