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polémico caso

Insólita audiencia en Tribunales por un condenado fallecido: defensa y Fiscalía se cruzaron

Es por la causa que tenía como acusado a Carlos Hugo Cassab, quien fue sentenciado el 19 de de diciembre del año pasado y una semana más tarde murió.

Por Redacción Tiempo de San Juan 11 de marzo de 2022 - 17:03

Una insólita audiencia se llevó adelante este viernes por la mañana en Tribunales, cuando jueces, fiscales y abogados defensores se hicieron presentes para discutir y resolver sobre la situación procesal de una persona fallecida. Se trata de Carlos Hugo Cassab, el empresario que fue condenado por la prostitución de una menor el año pasado y a la semana murió. 

Por el curioso episodio, el abogado que representaba al fallecido, Marcelo Fernández, argumentó las razones por las que se ejecutó la audiencia y apuntó contra las autoridades judiciales, mientras que desde Fiscalía señalaron que fue él quien promovió el hecho. Fuentes cercanas admitieron que esa audiencia nunca debió haberse dado. 

A Canal 13 San Juan, el letrado explicó que cuando se leyeron los fundamentos de la sentencia que lo condenó el 9 de febrero -con la ausencia de Cassab, pues ya había muerto- el tribunal de jueces no declaró la extinción de la acción penal. Incluso, fue más allá y aseguró que se cometió una grave irregularidad al condenar a una persona fallecida. 

Ese día se conocieron los motivos que llevaron a los magistrados a castigar a los tres imputados y, como las defensas en ese momento no habían apelado la decisión y un tribunal superior no había intervenido, el fallo aún no estaba firme. 

Por esa razón y sin una extinción de la acción penal dictada, Fernández solicitó una audiencia para insistir con el pedido de sobreseimiento, el que finalmente fue rechazado y la causa marchó directo a los archivos. 

"Lo ha reconocido el mismo tribunal, ya era un hecho de público conocimiento el fallecimiento de Carlos Cassab, lo habían retratado todos los medios. Al momento en que el 9 de febrero estaba la silla vacía de Cassab, ya habíamos sido citados como defensores a escuchar los fundamentos. Lo que debía dictar el tribunal es declarar extinguida la acción penal y por la instancia en que nos encontrábamos, que no estaba la condena firme, declarar el sobreseimiento que es la consecuencia necesaria. La extinción de la acción penal por muerte es algo que se produce en pleno derecho", manifestó. 

Sin embargo, eso no sucedió y recién se produjo un mes después. 

"Fue una audiencia atípica donde se nos dio la palabra para que oralizáramos el planteo. En eso nos interrumpió el presidente del tribunal para decirnos algo que ya sabíamos del 26 de diciembre y es que ya no teníamos representación para abogar por los derechos de nadie porque no había una persona en vida que tuviera derechos que defender", sostuvo. 

Frente a estas declaraciones, la representante del Ministerio Público, Valentina Buacciarelli, fue directa y señaló que lo que pedía la defensa no tenía razón de ser dado que no se puede pedir un sobreseimiento, cuando ya hay una sentencia de por medio. "No tenía legitimidad", destacó. 

Como los dueños de la extinción penal son fiscales y jueces -detalló-, la fiscal de la UFI ANIVI sacó provecho de su potestad y pidió al tribunal compuesto por Alberto Caballero, Juan Gabriel Meglioli y Diego Sanz que se dicte el recurso encuadrado en el Artículo 59 del Código Penal.      

Consultada por quién había pedido que se realizara la audiencia, indicó que fue Fernández el promotor y que desde la Oficina Judicial -que no tiene criterio para evaluar las peticiones- directamente se programó. 

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