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Funcionario judicial denunciado por violencia de género: Parisi fue imputado, pero quedó libre

Juan Pablo Ortega, el otro judicial implicado que estuvo presente en la sala, quedó imputado por encubrimiento. Ambos se negaron a declarar en esta instancia del proceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan 1 de diciembre de 2021 - 16:30

A pesar de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de un mes para Mario Héctor Parisi, el juez de Garantías Matías Parrón le concedió la libertad inmediata al funcionario judicial denunciado por violencia de género tras considerar que su liberación no entorpecería el proceso de investigación que lo tiene en la mira por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial. 

Por su parte, el otro funcionario judicial que quedó imputado en la causa fue Juan Pablo Ortega por el delito de encubrimiento, ya que según la teoría del caso que presentó el Ministerio Público Fiscal intentó convencer a la denunciante para desistir de la acusación contra el coordinador de Flagrancia, del Colegio de Magistrados del Sistema Acusatorio y lde a Unidad Conclusiva de Causas.

A la izquierda, Parisi y a la derecha, Ortega. Ambos se mantuvieron en silencio en la audiencia y quedaron imputados

Ambos miembros del Poder Judicial que se abstuvieron a prestar declaración a lo largo de la audiencia de formalización no podrán acercarse a la presunta víctima por ninguna vía, acorde lo resolvió el magistrado con una prohibición de contacto y acercamiento. Si bien Parisi no acudió a Tribunales, siguió el proceso desde la sede policial en la que se encontraba vía Zoom mientras que su colega Ortega lo hizo de forma presente en la sala. 

Tanto para el fiscal Roberto Ginsberg como para la fiscal coordinadora de la UFI CAVIG Claudia Salica, lo correcto era que Parisi se mantuviera tras las rejas dado el peligro procesal que señalaron, ya que "vulneró la medida de coerción que impuso el juez de Garantías", cuando a través de allegados se acercó a la denunciante. Es que luego de pedir la detención de Parisi, los fiscales solicitaron una restricción de acercamiento y Parrón dio el visto bueno a esa medida.

Para el MPF, con la desobediencia a la orden judicial señalada y la participación de Ortega en ese hecho, quedó en evidencia un posible entorpecimiento de la investigación y con el intento de influenciar a la "testigo primordial" de la causa que es la denunciante. "Sabemos que la retracción de las denunciantes, en un contexto de violencia de género, viene de la mano de la presión en muchas ocasiones", sostuvo Salica.

La defensa técnica del judicial sospechado de accionar con violencia en perjuicio de su ex pareja rechazó el marco de violencia de género que destacó el MPF y habló de un "hecho episódico", en referencia a que se trató de una situación aislada. Fernando Castro, el abogado que representa a Parisi junto a Nasser Uzair, aseguró que no existía riesgo procesal con la liberación de su defendido y, frente a "la inexistencia de circunstancias que hagan peligrar la causa", pidió la inmediata libertad".  

Por su parte, el defensor de Ortega, Fernando Echegaray, adhirió a lo expuesto por la defensa conjunta de Parisi que pidió recusar a los fiscales del caso por una acción que entendía que perjudicó a su cliente. Lo que decía era que la primera calificación que pesó sobre Parisi, es decir la de lesiones graves agravadas, fue desestimada tras la confirmación del médico legista que no hubo fractura en el cuerpo de la denunciante. Eso, a su parecer, decantó en el pedido de detención previo a la formalización del caso. 

Sin embargo, el juez Parrón sostuvo que nada tuvo que ver la calificación de ese momento sino que el pedido de detención lo hizo bajo su propia discreción, como se actúa en casos similares. Fue por ello que rechazó la recusación desde su lugar, dejando la opción a la defensa de Parisi acudir a una instancia administrativa para presentar algún tipo de queja. 

Así, ambos funcionarios quedaron vinculados a la causa penal bajo las condiciones de no contactar a la denunciante, mientras se desarrolla la IPP (investigación penal preparatoria) del caso que será de 6 meses en principio. Curiosamente y como pocas veces sucede, la defensa pidió que la IPP fuera mayor de lo que pidió el MPF y sugirió que fuera de un año. No obstante, Parrón señaló la posibilidad de extender los plazos en la medida que fuera necesario. 

 

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