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SUSCRIBITE Una verdadera tragedia fue la que ocurrió este fin de semana en Desamparados, después de que un portón cayera encima de una nena de 3 años y como consecuencia perdiera la vida a las horas del incidente. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características que, por las condiciones de las instalaciones de un lugar, se desata una fatalidad.
El 16 de mayo de este año, en Barreal, un nene de 4 años murió después de que un arco se le cayera encima y lo aplastara. El chiquito que se llamaba Hilario Uriel Uribe sufrió una terrible lesión en su cabeza y, pese a los intentos por mantenerlo con vida, murió en el Hospital de Villa Calingasta.
El hecho sucedió en el interior de un salón para eventos, donde se festejaba un cumpleaños al que había asistido el nene, por lo que el propietario del lugar y la persona que estaba encargada del mismo fueron imputados por la Justicia por el delito de homicidio culposo. Se trataba del ex intendente José Ibazeta, dueño de las instalaciones, y de Gustavo Campillay, quien figuraba como el encargado de "San Cristóbal Fútbol Club".
El juez de Garantías Diego Sanz los imputó a ambos, a pedido de la Fiscalía representada por Francisco Micheltorena, tras considerarlos autores responsables (en primera instancia) de homicidio culposo promovido por la omisión por comisión, ya que podrían haber evitado la tragedia si hubieran tenido las habilitaciones correspondientes y las instalaciones en condiciones.
Pese a la calificación en su contra, tanto uno como otro quedaron en libertad bajo la condición de no obstaculizar la investigación, que el lugar de eventos quedase clausurado, no ninguno pudiera salir del país y que no innovaran su patrimonio. El magistrado estableció además un plazo de un año para la investigación penal preparatoria, por lo que todavía se investiga lo ocurrido.
Fuentes allegadas a la instrucción señalaron que la causa presenta un tecnicismo complejo, aunque aseguraron que a principios del próximo año podría ser clausurada. Las posibilidades para la resolución son variadas y van desde un sobreseimiento para los dos involucrados hasta una acusación formal y una elevación a juicio.
Por la responsabilidad penal, que es lo que se trata de establecer, el propietario del lugar podría ser quien más complicado esté dado que fuentes allegadas comentaron que, pese a que había un contrato de por medio con Campillay, Ibazeta autorizó que las instalaciones se usaran a pesar de su estado.
Sobre el caso que tuvo lugar en la Unión Vecinal del barrio Timoteo Maradona, se estima que la UFI Nº1 de Delitos Especiales a cargo de Iván Grassi sea la que se encargue de la investigación del hecho para determinar responsabilidades sobre la muerte de la chiquita de apellido Guardia.
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