aberrante caso

Dramático: esperaba que su abuelo acusado de abuso siguiera preso, pero lo liberaron

El hombre de 68 años tenía la prisión domiciliaria, pero una jueza decidió concederle la libertad por el avance que tiene la investigación. Quedó cerca del juicio.
jueves, 14 de octubre de 2021 · 14:41

Una joven que denunció a su abuelo por abuso sexual vivió momentos dramáticos este jueves por la mañana en Tribunales después de conocer la decisión de la jueza de Garantías que lo dejó en libertad. Es que si bien la Fiscalía había solicitado la extensión de la medida cautelar, finalmente Gema Guerrero le concedió la excarcelación.  

Se trata de la causa que tiene un sujeto de 64 años acusado de abuso sexual con accesos carnal agravado por el vínculo, quien permaneció detenido en su domicilio durante 4 meses luego de haber sido denunciado por sus familiares. Los jóvenes que son hermanos, una chica y un chico de 18 y 19 años contaron que su abuelo los había agredido sexualmente cuando eran niños. Sin embargo, nunca se habían animado a hablar del tema hasta que encontraron al hombre en la cama con otro de sus nietos. 

Los plazos de la prisión preventiva estaban cerca de vencerse y por ello se celebró la audiencia que culminó con un resultado negativo para los denunciantes, que no escondieron su malestar por la decisión. Una de las presuntas víctimas, como pocas veces sucede, se hizo presente en el lugar y, cuando escuchó la determinación de la justicia, rompió en llanto.

La joven que se encontraba a unos escasos metros del hombre que le habría hecho vivir un calvario se mostró con impotencia, a pesar de que las leyes respaldan la decisión fundada por la jueza. Desahuciada, se cubrió la cara con sus manos mientras era consolada por su madre, quien sería hija del acusado.  

Los argumentos de la jueza para excarcelar al pariente señalado como violador se sustentan en que el Ministerio Público Fiscal (tampoco la querella) no demostró que hubiera elementos que hagan peligrar la investigación con el imputado en libertad, lo mismo que no habría peligro de fuga de parte del acusado. Bajo requisitos para mantenerse a derecho, como no contactar por ninguna vía a los denunciantes y presentarse en la Justicia cada vez que se lo requiera, la libertad le fue concedida. 

Si bien resta producir una declaración testimonial de peso, como lo es la Cámara Gesell a un menor que también podría haber sido víctima del imputado, la IPP continuará su curso con el sospechoso J.G.C, quien no se identifica para proteger a las presuntas víctimas, gozará de la libertad. 

Aunque el fiscal Juan Manuel Gálvez pretendía extender la detención por 60 días más, la que había sido renovada el 14 de septiembre por un plazo de 30 días, apoyado por el abogado querellante Martín Torcivia, la defensa del acusado -representada por Rodrigo y Fernando Aguirre- se opuso a la prórroga en virtud de que no existía "un entorpecimiento o peligro de fuga".

Los defensores solicitaron la libertad de su defendido ofreciendo como medidas coercitivas para asegurar el procedimiento, con la promesa del imputado de someterse al proceso y de no obstaculizar la investigación. Además señalaron su compromiso de presentarse ante la autoridad de la Comisaría 28° a fin de acreditar su presencia en el domicilio. "Manifiesta que tiene arraigo, no tiene los medios suficientes para una fuga, no cuenta con antecedentes, es una persona del bien y siempre estuvo a derecho", dijeron. 

Los fundamentos de la jueza para la excarcelación

Guerrero, que rechazó el pedido de extensión de la prisión, recalcó: "No advierto de lo manifestado por el Ministerio Público que exista riesgo alguno de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, según lo oralizado en el día de hoy. Vuelvo a recalcar que el Fiscal no ha acreditado como puede entorpecer el imputado lo que resta de la investigación".

En segundo lugar, señaló que toda medida que coarte la libertad tiene carácter excepcional y la norma legal en que se funde debe ser interpretada restrictivamente. "No puedo dejar de atender que la situación si ha cambiado al día de la fecha, toda vez que el imputado lleva cuatro meses privados de su libertad. Además considero insuficiente, desproporcionado para privar de la libertad los motivos expuestos por parte de Fiscalía, toda vez que no ha dado fundamentos concretos para hacer lugar a la renovación de la medida de coerción, se ha limitado a fundar la medida de coerción solamente enumerando los elementos de convicción que restan por incorporar al legajo tanto por el MPF como los de la defensa. Dicho fundamento, son atendibles para una prorroga de la IPP pero no son suficientes ni proporcionados para renovar una medida de coerción, situación que no puede ser achacada al imputado para prolongar su prisión preventiva", argumentó.

Previamente, la jueza de Garantías había afirmado: "No puedo dejar de notar que en la audiencia de formalización de fecha 15 de junio se dispuso la prisión preventiva domiciliaria por el término de 90 días porque así lo solicitó el abogado defensor del imputado.. En dicha resolución advertí que con la pauta objetiva por sí misma no bastaba para imponer la medida de coerción de prisión preventiva y también resalté que el Ministerio Público Fiscal no expone de qué forma ejercería tal influencia, como obstaculizaría la investigación, ni especifica actos concretos que pudiera efectuar el acusado para entorpecer el proceso, no consideré que se hayan expuesto radicalmente causales de peligro de entorpecimiento".

En segundo término recordó: "En la segunda audiencia de fecha 14 de septiembre donde se renovó por 30 días más la prisión preventiva domiciliaria, valoré para otorgarla pese a la oposición por parte de la defensa de que existía peligro procesal... El señor fiscal aportó en aquella oportunidad que había incorporado testimonios en los que los denunciantes manifiestan que han sido amedrentados por los hijos del denunciado, tíos de las víctimas, resulta verosímil el hostigamiento mencionado por el MPF, por lo que ello resulta como peligro procesal y además vulnera los derechos de las víctimas".

El caso

Las vejaciones ocurrían cuando los entonces niños quedaban a su cuidado o les pedía que lo acompañaran a la casa de un tío para darle de comer a los perros. "En esos momentos, el hombre aprovechaba y los convencía dándoles plata o diciéndoles que no contaran nada porque no les iban a creer”, había detallado Gálvez al comienzo del caso. 

Finalmente, los adolescentes decidieron radicar la denuncia en ANIVI luego de ver a una de sus primas, una nena pequeña, acostada en la cama del abuelo, por lo que se sospecha que la menor podría haber atravesado la misma pesadilla que ellos. 

Según el fiscal, la causa que quedó a poco del juicio la pena para el acusado, en caso de ser hallado culpable, iría de 8 a 40 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. En este caso, hasta ahora, la calificación se agrava porque se investiga dos hechos.  

 

 

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