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SUSCRIBITE El domingo 16 de septiembre de 2018, un hombre de 65 años fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio de Santa Lucia. Su nombre era Juan Ramón Escudero y, aunque en un principio se creyó que su muerte había sido ocasionada por causas naturales, luego descubrieron que no sólo había sido asesinado sino que antes de su último suspiro también fue violado y torturado.
A pesar del horror por el que la víctima -no vidente- atravesó, pues sufrió empalamiento, el o los autores del crimen no dejaron ni un solo rastro y por eso hasta ahora el crimen resulta impune. Sin embargo, la investigación no será clausurada hasta en los próximos 8 años (necesita ese tiempo como mínimo para que prescriba), según indicó la fiscal que entiende en el expediente Ana Lía Larrea.
La funcionaria confirmó -a los micrófonos de Estación Claridad- que hasta el momento no hay novedades en la causa ya que el espectro de investigación es limitado por el tipo de vida que llevaba la víctima, a quien le introdujeron un caño en el ano y esa acción le produjo reflejo vagal, lo que le causó la muerte.
"No tenemos novedades ante posibles autores o personas que hayan intervenido en esta muerte tan espantosa. El hombre tenía poco contacto con la gente, vivía solito, no salía porque no veía bien, por eso el cerco es acotado. Es por eso que el caso es complicado y no hay ninguna hipótesis", sostuvo.
La representante del Ministerio Público contó que Escudero vivía en una situación de estado de abandono, que tenía poco contacto con su entorno y eso influyó en la instrucción para que no avanzara. De todos modos, señaló que no se puede hablar de un asesinato impune de forma categórica.
Como había trascendido, las cerraduras de la vivienda no habían sido forzadas y por eso se especuló con que la víctima podría haber conocido al autor del hecho. En ese sentido, el sobrino que reside en una casa contigua quedó detenido pero al poco tiempo quedó en libertad ya que no encontraron indicios que lo vincularan a la escena; finalmente quedó desligado de la causa.
La forma con la que procedieron los efectivos policiales que acudieron al lugar del asesinato podría haber resultado perjudicial para la investigación por la contaminación que pudo sufrir y a esto lo reconoció Larrea. Por ese accionar, los uniformados de la Comisaría 29º fueron relevados de sus puestos. El juez de ese entonces -Martín Heredia Zaldo- a cargo de la investigación comenzó un sumario administrativo contra el personal de la Seccional en la Secretaria de Control de Gestión Policial.
El pedido de investigación del magistrado fue porque los policías declararon que se trataba de una “muerte natural”. Incluso, personal de Homicidios no comenzó a investigar hasta que días después la autopsia reveló que no había dudas sobre la violencia de la muerte. Esto ocurrió tres días después y por ello en el medio no se preservaron las pruebas que podían estar en la vivienda de calle Colón del hombre.