Cuarto caso positivo en la justicia: todas las indagatorias, postergadas

Por una presunta conducta irregular de la conocida reumatóloga que desempeñaba tareas en el Hospital Rawson, la mujer quedó en la mira de la justicia correccional al igual que su colega, la infectóloga Rosa Contreras, y el coordinador de vuelos sanitarios, Javier Porras. Estos dos últimos también se hallan vinculados a la investigación por el vuelo que trajo de regreso a la provincia al hermano de la cuarta paciente.

El 4 de junio pasado, los tres implicados en la causa recibieron el beneficio de la eximición de prisión aunque el mismo juez Alberto Caballero -titular del Primer Juzgado Correccional que instruye el caso- confirmó que quedaban vinculados a la investigación. 

La profesional de la salud acusada por la presunta comisión de delitos en perjuicio de la salud y la administración pública, que se recuperó y que fue dada de alta, debía presentarse a la declaración indagatoria, luego de cumplir con los días de aislamiento. Sin embargo, su estado de salud psicológico no se lo permitió pues -según indicó su abogado defensor Roberto Dohmen- no se encontraba en condiciones.

Es que teóricamente quedó psicológicamente afectada por lo que atravesó y por ello realizaron presentaciones para postergar la declaración, pues tenía decidido declarar. 

A la médica la internaron el pasado 17 de mayo (aunque estadísticamente figuraba como paciente desde el 18 de mayo). Estuvo 27 días en el Rawson hasta que logró el alta médica por Covid-19 al obtener resultado negativo en el segundo test realizado en un lapso de 24 horas.

Contreras y Porras también tendrán que ofrecer su versión de los hechos al magistrado en las primeras semanas de septiembre, según indicaron fuentes allegadas. Ambos protagonizaron un escándalo después de que trascendieran los audios de las conversaciones que habían mantenido con la denunciada para traer desde Buenos Aires a su familiar en un vuelo sanitario, a espaldas de las autoridades. El viernes 22 de mayo fueron detenidos por las presuntas irregularidades que habrían cometido al hacer uso del avión del Estado para una cuestión particular, sus domicilios fueron allanados y sus teléfonos celulares secuestrados.

El desencadenante había sido la seguidilla de mensajes de voz entre los tres implicados que llegaron de forma anónima a manos del fiscal Mallea. Por considerarlos importantes para la causa, el agente fiscal le pidió al juez que los detuviera y a las pocas horas de haber completado los procedimientos fueron liberados. En el medio hubo protestas de parte de médicos en contra de la orden judicial.