Luego de que la médica infectada con coronavirus fuera dada de alta tras recuperarse, quien fuera denunciada en la justicia por infringir los protocolos en el Hospital Rawson para ver a su hermano -el tercer caso positivo-, se esperaba que se presentara en el Primer Juzgado Correccional para ofrecer su defensa; sin embargo, eso no sería posible en lo inmediato según aseguró su abogado, Roberto Dohmen.
Es que la mujer acusada por la comisión de delitos contra la salud pública y por incumplimiento de los deberes como funcionaria pública tiene que ser llamada a la declaración indagatoria, cuando el juez Alberto Caballero así lo disponga. Aunque por el momento fuentes judiciales informaron que no hay una fecha establecida para ello, Dohmen advirtió que su estado de salud es delicado y por ello no podría ejercer su descargo.
Acorde lo explica el letrado, la reumatóloga que encarnó el cuarto caso de COVID-19 en la provincia no se encuentra en condiciones de dar a conocer su versión de los hechos, ya que está psicológicamente afectada por todo lo que atravesó.
Tras presentar la renuncia a Salud Pública, entidad que la denunció en Fiscalía, la médica que este martes por la mañana recuperó su teléfono celular -dispositivo que fue secuestrado para ser peritado- insiste con que estaba autorizada para ver a su familiar internado, el transportista que se recuperó y, curiosamente, volvió a contraer la enfermedad.
A Canal 13 San Juan, el defensor sostuvo: "Mi clienta está medicada para poder dormir, tras la condena social. Quiero que declare porque ella estaba autorizada a entrar dónde estaba su hermano".
Por su parte, Rosa Contreras y Carlos Javier Porras -la infectóloga y el coordinador de los vuelos sanitarios que aparecieron en la investigación judicial después de que se conocieran los audios en los que arreglan el traslado del hermano de la médica- todavía no fueron llamados a declarar.