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un video la complica

No cambia más: ¿quién es la mujer con frondoso prontuario que "vende" casas de IPV?

Con causas penales y procesamientos judiciales en su contra, ahora la acusan de ofrecer casas que no son de su propiedad de un barrio recientemente entregado en Capital. Si historial tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En los últimos días, vecinos del barrio UPCN de Capital denunciaron a una mujer que ofrece viviendas del IPV -que no son de su propiedad- a la venta y, por ello, decidieron fingir que eran potenciales compradores para grabarla en video y dejarla en evidencia. La acusada es María Laura Carrizo, una estafadora con vasto historial delictivo. 

Entre sus antecedentes penales se registran detenciones por defraudaciones en el 2004 y 2005, mientras que en los últimos años reincidió junto a un cómplice, identificado como Sergio Daniel Illanes. Por ello fue detenida y procesada por la Justicia. En 2018, el juez Martín Heredia Zaldo la procesó por engañar a unas 23 familias prometiendo casas del instituto y por alzarse con un botín de 230.000 pesos. 

Por ese hecho, el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción embargó a la entonces detenida, quien llevaba dos meses tras las rejas, y fijó una caución real de 250.000 pesos, sujetos a la excarcelación de Carrizo. 

La maniobra a la que apela es casi siempre la misma: se encarga de propagar la versión de que es empleada del IPV y adjudica viviendas de forma directa. Así lo hizo en los barrios  La Superiora, San Expedito y del Sindicato de Trabajadores del Plástico, entre otros.

Las falsas promesas con las que hacía caer en su trampa a las víctimas consistían en que, a través de supuesto rol dentro de la entidad, podía adjudicarles una casa de forma directa pero para ello debían pagar por gastos de "acceso a la vivienda, medidores o señas por el terreno" y a su vez entregar copias de los DNI y datos del grupo familiar.

Así logró acumular distintas sumas de dinero a los interesados, desde 8.000 a 21.000 pesos. Las víctimas eran citadas en organismo público como en el Centro Cívico, OSSE u otras entidades y de ahí los llevaba a un café. Nunca entregaba documentos alguno ni recibos, todo era de palabra.  

Carrizo y su cómplice cayeron cuando una de las damnificadas recurrió al IPV y consultó si alguno de ellos trabajaba. Allí descubrió que ninguno era parte del personal, por lo que cayó en cuenta en la trama que había caído y radicó la denuncia en Defraudaciones y Estafas de la Policía.

  

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