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SUSCRIBITE El caso data de agosto del 2017 cuando una mujer compró una casa del IPV -que no se puede comercializar hasta tanto haya sido cancelada- y denunció que no pudo habitarla porque había sido usurpada por los hijos de quien le vendió la vivienda, por lo que en enero de 2018 radicó una denuncia penal por presunta estafa contra el vendedor, el agente inmobiliario y el escribano que participaron de la transacción.
La presunta damnificada Claudia Flores Yanzón acusó demoras por parte de la Justicia y desde el Segundo Juzgado de Instrucción, donde el expediente tiene curso, desmintieron la denuncia pública argumentando que el caso había tenido un "avance ininterrumpido" y que la última novedad, casualmente, es del último viernes con la notificación a las partes por una resolución del juez Pablo Flores.
En ese escenario de versiones cruzadas, quien salió a la palestra ahora es el sindicado como el vendedor del inmueble, Mario Orlando Aguilera, que a pesar de no haber sido nombrado en notas anteriores decidió dar la cara y exponer su situación, a través de su abogado defensor Leonardo Miranda.
Además de contradecir los dichos de la denunciante, el vendedor señaló que se firmó un compromiso de compra y venta, a pesar de la irregularidad que representaba la operación. "Se llegó a un acuerdo, refrendado por escribano, y Flores sí sabía que la casa era de IPV. Es mentira que lo desconocía", aseguró el letrado al mismo tiempo que sostuvo con vehemencia: "También es mentira que la casa está ocupada y a ello lo debería constatar el juzgado que investiga".
Con el sentido de ejercer su derecho a réplica, el representante legal de Aguilera sostuvo que en todo momento se intentó llegar a una solución pero que la presunta damnificada desestimó cualquier propuesta. "Vaya a saber si fue por capricho o por disconformidad, no quiso la casa y ahora pide el dinero de vuelta. Pero hay que aclarar que nadie la indujo al error", expresó y agregó: "Aparte, nunca entregó 750 mil pesos como pago de la vivienda, fueron 500 mil en dos veces".
Desde el entorno del juez Pablo Flores manifestaron que "el adjudicatario de la casa comprometida puso a disposición de la Sra. Flores Yanzón las llaves para que la ocupe. Sin embargo, dijo que ya no quería el inmueble sino el dinero". Miranda respaldó el accionar del magistrado en la investigación y dijo: "Ni siquiera lo llamó a indagar porque considera el contexto. Con los elementos probatorios que tiene, si no lo ha vinculado ni imputado es porque no hay ninguna responsabilidad".
La mujer había contado que otro escribano se acercó hasta su comercio para ofrecerle las llaves de la casa pero se negó a recibirlas, pues argumentó que esa vivienda no estaba en condiciones de ser vendida básicamente porque estaba hasta la actualidad usurpada y que además era imposible contar con una escritura por tratarse de una casa del IPV.