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SUSCRIBITE El 27 de abril de 1997, una ciudadana boliviana que vivía al día de la cosecha de tomates, Myriam Adrián (24), fue encontrada sepultada en el piso de tierra de un pequeño rancho de caña y barro de 2,5 por 3 metros del Asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. Sobre su pecho estaba su hija de 2 años, Magalí.
El fuerte olor nauseabundo de la putefracción de los dos cadáveres fue lo que llevó a los vecinos a llamar a los policías de la Seccional Quinta. Hacía varios días que no las veían y el mal olor les hizo pensar que les había pasado lo peor. Y así fue. Pero nunca imaginaron el calvario al que habían sometido a la pequeñita: los peritos confirmaron que había sido violada antes de ser asfixiada.
Recién ahí los vecinos ataron cabos de por qué el sujeto que vivía con ellas, Ceferino Amaya Cortez, había puesto la música fuerte ese día que había estado bebiendo con otro sujeto y que vieron por última vez con vida a Myriam y a su hijita Magalí.
El 22 de abril de 1998, el tribunal de la Sala Primera de la Cámara Penal (Arturo Velert Frau -presidente-, Diego Molina y Raúl Iglesias) condenaba a reclusión perpetua a Ceferino Amaya Cortez, como autor de la violación y el doble homicidio. La fiscal Alicia Esquivel -ahora jubilaba- había solicitado la máxima pena del Código Penal Argentino. Poco pudo hacer en la defensa oficial Virginia Guillén.
En ese momento la pena de reclusión perpetua relajó a una sociedad conmocionada por la violencia de Ceferino Amaya Cortez. Es que muchos creen que, tal como dice la palabra, la pena es perpetua. Pocos son los que saben que, en la práctica, eso no existe en el sistema penal argentino, donde nadie va efectivamente preso toda la vida.
Según pudo comprobar Tiempo de San Juan, en el 2004 el Gobierno Provincial le conmutó la pena a Ceferino Amaya: le bajó de reclusión perpetua a 25 años de reclusión.
Antes se diferenciaba la reclusión de la prisión por los beneficios: quienes tenían condena con reclusión no tenían acceso a beneficios legales. Con el tiempo se dijo que eso era ilegal en el país y hoy en día es lo mismo que se condene con reclusión o con prisión.
Así, como le rebajaron de reclusión perpetua a 25 años de reclusión, Ceferino Amaya se vio favorecido porque con el paso de los años iba a poder empezar a tener beneficios legales.
Debe haber sabido el doble homicida y violador que, si hacía buena letra en prisión (una conducta que adopta la mayoría de los abusadores), en algún momento iba a salir de los calabozos de la cárcel de Chimbas a caminar por las calles sanjuaninas.
Y así lo hizo a partir del 2014. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que en el 2013 ya se encuadró legalmente para tener Libertad Condicional. Y fue a partir del 2014 que empezó a gozar de ese beneficio legal, el cual consiste en salir de prisión de lunes a viernes y regresar a los calabozos los fines de semana.
OTRA VEZ DENUNCIADO
No se sabe qué fue de la vida de Ceferino Amaya Cortez desde el 2014 hasta estos días.
Pero en enero últmio, meses después de cumplirse los 20 años de doble homicidio y la violación que protagonizó en abril del´97, y cuando restaban algunos meses para cumplirse 20 años de ser condenado, el sujeto volvió a ser denunciado: lo acusan de abusar sexualmente. También de una niña menor.
La denuncia fue hecha el 3 de enero último en el ANIVI (Atención al Niño Víctima). La hizo V.B.T., padre de la menor.
No trascendió información del contenido de la denuncia. Sólo se informó que Ceferino Amaya fue acusado de haberle introducido un dedo en los órganos genitales da la niña, según la denuncia.
También trascendió cuál sería el vínculo de Ceferino Amaya con la presunta víctima: la menor sería la nieta de la mujer con la que Amaya habría entablado una nueva relación de pareja.
PIDEN DETENERLO, PERO NO CAE
En ese momento de la denuncia, en plena feria judicial de enero, intervino el fiscal correccional Roberto Mallea. Tras escuchar la denuncia, ése fiscal solicitó la detención de Ceferino Amaya, el denunciado por el padre de la menor.
Pero el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, no dio esa orden.
Extraoficialmente, según pudo saber Tiempo de San Juan, tras recibir la denuncia se habría ordenado que la menor sea revisada por el Médico Legista de la Policía. Y éste habría determinado que la menor no tenía evidencias de desgarro o de violencia física que demostraran que haya sufrido un ataque sexual que le dejara evidencia física.
Esa situación, sumado a que el padre de la menor que denunció en el ANIVI no fue por el Segundo Juzgado de Instrucción a ratificar la denuncia, habría favorecido para que Ceferino Amaya Cortez siga en libertad. Al parecer, el juez no habría encontrado motivos suficientes para privar de nuevo de la libertad a Ceferino Amaya.
Consultado por Tiempo de San Juan, el fiscal de instrucción Daniel Galvani, afectado a las causas del juzgado que dirige el juez Flores, se limitó a informar que la causa existe pero que nunca pasó por su fiscalía. Eso significa que en el juzgado prácticamente la causa no se movió.
EL MISMO LUGAR, ¿COINCIDENCIA?
El otro dato que trascendió de la denuncia actual es por demás coincidente con el salvaje dobre crimen y violación que protagonizó Ceferino Amaya Cortez hace 20 años: el lugar.
La niña que habría sido abusada también viviría en el Asentamiento Pedro Echagüe, en el mismo lugar que el sujeto atacó hace dos décadas.
Allí los vecinos le hicieron saber a Tiempo de San Juan que algo conocen del caso. Pero son reservados. Y parecen saber más, pero no quisieron dar precisiones.
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