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SUSCRIBITE El juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, dictó un auto de procesamiento con prisión preventiva y envió al Servicio Penitenciario Provincial a Sebastián Merino, un joven de 22 años, por el delito de abuso sexual agravado (con acceso carnal), en perjuicio de M. A. C., una mujer de 34 años. Y la resolución se transformó en un escándalo político y judicial: el fiscal y el querellante, Alfredo Falcón, iniciarán medidas.
Según el relato oficial, en abril último la mujer recibió un llamado telefónico y acordó ir a un departamento con el joven para tener un encuentro sexual. Al llegar allí le dijo que no quería tener sexo porque estaba menstruando, pero que ella se recostó sobre una cama, se bajó el pantalón, le mostró la cola y que el joven la accedió.
Al llegar a su casa, los padres notaron algo extraño en su ropa. Ella contó lo ocurrido. Y el padre la llevó a una comisaría y realizó la denuncia.
Dos años atrás esa misma mujer fue centro de un escándalo cuando se la dio por desaparecida. Se produjo una gran movida en la Policía de San Juan y por parte de su familia. Luego apareció deambulando en Caucete. Más tarde su familia confirmó a los medios que sufría de adicción a las drogas.
PUNTOS POLÉMICOS
El primero en poner el grito en el cielo fue el fiscal Carlos Rodríguez, quien representa a los intereses de la comunidad sanjuanina en ese proceso judicial, quien confirmó en Crónicas Policiales, por Canal 13 San Juan, que apelará la resolución judicial porque considera que nunca debió ni siquiera iniciarse.
En primer lugar, el fiscal Rodríguez tiene serias dudas de que haya habido un abuso sexual, de acuerdo al relato de la mujer.
Luego el fiscal Rodríguez cuestiona que el caso nunca debió ni siquiera empezar a ser investigado porque la denuncia la hizo el exdiputado bloquista Alfredo Castillo, padre de la presunta víctima.
En los delitos de instancia privada, como es un abuso sexual, cuando la víctima es mayor de edad es ella quien debe denunciar. Si es menor o discapacitada la víctima, debe denunciar el mayor responsable.
Aquí se abre una polémica: la mujer presuntamente abusada está con una causa abierta en un juzgado de Familia para que se declare su incapacidad. Según el fiscal Rodríguez, aún no está el fallo del juez decretando esa incapacidad, por lo que legalmente aún no lo es.
Además, en esa situación, mientras se desarrolla el proceso judicial, el juez civil debe emitir una serie de medidas sobre lo que puede y lo que no puede hacer la persona a la que investigan para ver si la declaran incapaz. En el caso de M. A. C. no hay nada al respecto, según el fiscal Rodríguez.
Por lo tanto, es M. A. C. la que debió hacer la denuncia y eso no ocurrió, según el fiscal.
Otro punto que cuestiona el fiscal Rodríguez es el uso del centro de Atención al Niño Víctima (AVINI), a cargo de María Inés Rodríguez.
Allí se le tomó declaración a M. A. C. Se supone que el juez Adárvez usó ese lugar porque consideró que Castillo no estaba en sus cabales, pero legalmente eso aún no es así.
El fiscal Rodríguez dice que allí se produjo otra irregularidad: en un primer momento M. A. C. dijo que no quería denunciar al joven con el que había mantenido relaciones sexuales; que su voluntad era no acusarlo. Por lo tanto, el juez debió tener en cuenta su voluntad y no abrir una investigación.
Eso tampoco ocurrió. M.A.C. dio su versión. Y en base a ella el juez procedió.
Por esas razones el fiscal Rodríguez pidió la nulidad de todo lo actuado. Pero el juez Adárvez rechazó ese planteo y dictó el auto de procesamiento.
POLÍTICA
El abogado del joven procesado y preso es Alfredo Falcón, de cuna radical. Como querellante, pidió la nulidad después de que se escuchó el relato de la mujer en el centro ANIVI.
Más tarde pidió la recusación del juez Adárvez por su amistad con el exdiputado Castillo, quienes militaron juntos en el Partido Bloquista.
El juez Adárvez rechazó la recusación. Habría argumentado, según fuentes judiciales, que la relación es con Alfredo Castillo, no con su hija.
Al resistir el juez, la recusación saltó a la Cámara Penal. Cayó en la Sala Segunda, donde debían dirimir quién tiene razón, si el querellante o el juez. Pero allí se frenó porque uno de los jueces, Juan Carlos Peluc Noguera, se inhibió para intervenir argumentando una relación de parentesco del joven detenido con uno de sus hijos, según fuentes judiciales.
Pero el juez Adárvez no esperó a ver si le permitían o no seguir siendo el juez de la causa. Continuó con la investigación y dictó el procesamiento antes de que el tribunal superior diga si debía o no ser recusado.
Ahora el querellante Falcón, además de apelar el procesamiento, dijo que pedirá un juicio político al juez Adárvez por la forma en que procedió en el caso.