Todos los vecinos del populoso Barrio Consorcio San Martín deberán pagar de su bolsillo 33.000 pesos. Son las costas de un juicio civil que perdieron debido a un mal manejo que hubo en la aprobación de un balance.
El fallo es del juez del Primer Juzgado Civil. En primer lugar resolvió "no expedirme sobre el fondo de la cuestión traída a resolver, por haber devenido en abstracto”. En segundo lugar, resolvió "imponer las costas del proceso a la demandada”.
Esas costas se componen de la siguiente manera: "Regular los honorarios profesionales de los doctores Emiliano Jesús Usín Aguilar y Ernesto Raúl Usín, por su actuación en forma conjunta, mérito, extensión y doble carácter, en la suma de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000); al doctor Martín Alberto Zuleta, por su actuación en doble carácter, por la demandada, mérito y extensión, en la suma de Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500); al doctor Oscar O.
Blanco Genest, por su actuación en doble carácter, por la demandada, mérito y extensión, en la suma de Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500); y al Perito Contador, Daniel Eugenio Cocinero, por su labor pericial, extensión y cantidad de documentación y datos procesados, en la suma de Pesos CINCO MIL ($ 5.000)”.
Según el artículo 2014 del Nuevo Código Civil de la Nación, en el cual se incluyen los consorcios, las autoridades del Conejo de Administración deben comunicar en una asamblea a los vecinos la finalización de un juicio y cuál fue su resultado. Esto es lo que no se hizo, según confirmaron vecinos del Barrio San Martín.
El juicio civil se inició cuando las ex autoridades recurrieron a la justicia a presentar el balance de las cuentas del ejercicio 2012/2013. Como no lo pudieron hacer en una asamblea, fueron al Primer Juzgado Civil, tal como indica la ley.
Luego se produjo un cambio de autoridades en el Consejo de Administración. Y quienes antes se oponían a la aprobación del balance 2012-2013, de un día para el otro lo terminaron aprobando a través de una asamblea cuando ellos eran autoridades.
Como la asamblea es soberana, el juez del Primer Juzgado Civil entendió que su participación ya no tenía sentido. Y no resolvió la cuestión de fondo. Pero sí fijó las costas del proceso a cargo del Barrio Consorcio San Martín, es decir, todos los vecinos del complejo habitacional.
