Las causas por la estafa del millón de dólares a los médicos, frenadas

La estafa fue sencilla. Y eso es lo que la convirtió en un escándalo: los ex integrantes de la Comisión Directiva, en complicidad con personas ajenas a la Caja, compraron en octubre de 2011 una finca de 27 hectáreas ubicada en Santa Lucía por 260.000 dólares y a la Caja MOB se la facturaron en 1.040.000 millones de dólares. En el camino alguien se quedó con el millón de dólares.

La primera etapa de la causa penal fue rápida. A los siete meses de la denuncia en la Fiscalía de Instrucción N° 4 por parte de quienes eran las autoridades de la Caja MOB, el entonces juez del Cuarto de Instrucción, Maximiliano Blejman, procesó por el delito de estafa al odontólogo Luis Minin, a la escribana María Isabel Carchano (en ese momento presidenta del Colegio de Escribanos) y al comisionista Walter Orellano. Mientras que el ex tesorero de la entidad, el médico Oberdank Fernández, fue procesado como partícipe principal.

En el auto de procesamiento el juez Blejman también ordenó seguir investigando a otros ocho integrantes  de la ex Junta de Administración de la Caja MOB y de la Comisión de Terreno: Pedro Terentí, Marta Casavega, Julio Romero, Jorge Sekulín, Izasa, Emilia Bustos, Pedro Fasoli y Afredo Camenforte, a quienes les dictó falta de mérito. La misma figura legal le cupo a Juan Pablo Quattropani, quien estaba a cargo de Planeamiento de la Provincia.

El envión del juez Blejman que recibió el escándalo con la compra del terreno para la supuesta construcción de un barrio no alcanzó para que la causa penal evolucionara. Cuando los abogados defensores de los procesados por estafa apelaron, el fallo se estancó en la Sala Primera de la Cámara Penal.

Según el expediente, la causa está en estudio por ante el tribunal desde el 14 de marzo de 2014.

En Tribunales confirmaron que la demora estuvo dada en el primer voto, el cual estuvo a cargo del juez Raúl José Iglesia. Y trascendió que luego se agilizó cuando fue el turno de los jueces Caballero Vidal (h.) y Silvia Peña. Sería inminente la decisión de ese tribunal.

Tal vez frutos de las gestiones de las abogadas querellantes que representan a la Caja MOB, Victoria Cabral y Violeta Correa, quienes en abril último presentaron un escrito en la Sala Primera pidiendo "prioridad de tratamiento” en la apelación por "el gran sector de la sociedad afectado” a la estafa. Allí dejaron advertidos que el paso siguiente era un "pronto despacho”, lo que iba a obligar a los jueces a priorizar la causa.

Apretadas por la falta de respuestas de la Justicia, las dos abogadas querellantes fueron convocadas a una reunión en la Sala Z ante decenas de socios de la Caja MOB para que dieran explicaciones de por qué no avanzaban con las causas.

Las abogadas no supieron dar mayores precisiones del por qué de las demoras excesivas del tribunal de la Sala Primera, en particular del primer voto del juez Iglesia, ya que esa es una cuestión interna que sólo el magistrado sabe por qué lo demoró.

Cabe recordar que la resolución del tribunal de la Sala Primera es una instancia más para llegar al juicio, la parte legal que más debiera interesarle a todas las partes involucradas, tanto los damnificados como los procesados, ya que allí se dirá si hubo o no delito.

Una vez que la Sala Primera resuelva, la causa penal bajará nuevamente al Cuarto Juzgado de Instrucción, se hará el cierre de la investigación y recién ahí irá a juicio. Todo ese trámite le lleva meses a la Justicia.

¿Y LA CIVIL?

Por el principio de la "prejudicialidad”, en los delitos de administración fraudulenta (entre ellos la estafa) en el fuero civil los jueces esperan el resultado de la causa penal para tomar una resolución. Básicamente, porque no es lo mismo para ellos resolver una demanda con un caso de estafa probado que cuando el delito no existe.

Por ese motivo es que hay tanto interés en la resolución de la causa penal, para que la civil no tenga trabajas.

La demanda civil de las abogadas Cabral y Correa fue por daños y perjuicios a la Caja MOB y es contra 10 personas. Está desde octubre de 2013 en el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán.

Siete de ellas integraron la ex Junta de Administración y consideran que fueron "negligentes”. Las otras tres son el odontólogo Minin, la escribana Carchano y el comisionista Orellano y consideran que cometieron actos presuntamente dolosos, ya que están procesados por estafa.

Esa demanda incluyó el pedido de embargo de bienes para todos ellos.

Pero eso no se concretó. Justo en esa instancia arrancaron las trabas judiciales: antes de que ese embargo llegara al Registro Inmobiliario, Terentí y Fraifer le cedieron a sus hijos los bienes por un "adelanto de herencia”. Pero no cedieron del todo, ya que se dejaron para ellos el "usufructo hasta la muerte”.

Mientras que otro de los demandados, Mallorana, habría simulado una venta al poner a nombre de la novia de su hijo un lote muy costoso que podía llegar a ser embargado.

Para las querellantes de la Caja MOB, esas maniobras fueron ilegales. Y a los tres demandados les iniciaron un "juicio de simulación” en octubre de 2014.

En el caso de Fraifer, el juez Rollán ordenó archivar la demanda. "Esa decisión está apelada ante la Cámara Civil porque esa decisión va contra toda jurisprudencia y doctrina que hacen a esa materia”, explicaron las abogadas querellantes.

Los otros dos "juicios de simulación”, de Terentí y Mallorana, están a la espera de una resolución del juez Rollán.

Mientras tanto, la causa civil principal está trabada a la espera de pericias ordenadas por el juez Rollán. Una de ellas es la pedida a la Universidad Nacional de San Juan para conocer el valor de la finca de las 27 hectáreas, tanto el actual como el que tenía al momento de la compra polémica.

El mismo pedido fue hecho al Tribunal de Tasaciones de la Provincia.

Cabe recordar que, al momento de la denuncia, tres inmobiliarias consultadas por la Caja MOB cotizaron cifras muy inferiores a las pagadas por los ahora procesados por estafa.

Tal vez por eso los hermanos Consentino no dudaron en agarrar los 260.000 dólares que les dieron en ese momento por una finca con problemas de revenición y sin urbanizar, donde construir un barrio iba a encarecer sensiblemente la obra.