Los secretos mejor guardados de la gran estafa (made in San Juan)

Todo parece indicar que fueron embaucados. Pero hay una causa judicial por estafa con final abierto, la cual nació en San Juan pero ahora está en manos de una mujer que desde enero de 2015 ocupa el centro de la escena político-judicial del país: la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman, el fiscal que apareció con un balazo en la cabeza.

La causa originada en la Fiscalía de Instrucción N° 1 y tramitada en el Quinto Juzgado de Instrucción de San Juan saltó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de la localidad de San Isidro, dirigido por Arroyo Salgado, por una denuncia anterior de adulteración de documentos que habrían cometido las personas que negociaron con el grupo sanjuanino.

"El grupo de los cinco” está convencido de que todos es un fino ardid mentado para estafarlos desde la firma Apremer SA, dueña de una cadena de estaciones de servicios marca Rhasa: "Cómo puede explicarse que quien suscribió tenía las escrituras del primer testimonio de la escritura de compraventa; cómo se hizo de las copias de las actas societarias para poder hacer la operación; cómo se hizo del estatuto societario, de la clave fiscal y del COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmueble), el cual se obtuvo entrando a la AFIP desde la PC de un contador. La empresa Apremer SA no había tenido movimiento durante nueve meses en la AFIP y justo con esa operación volvieron a entrar al sistema… es por demás extraño”, se preguntan en un escrito que tienen para defenderse ante la juez Arroyo Salgado.

Incluso, son más profundos y tiran un manto de sospecha al sostener que "no es casual” que Arroyo Salgado sea la jueza, dejando entrever cierta vinculación de la magistrada con el ambiente de los servicios de inteligencia que se manejaba su exmarido para investigar el atentado a la AMIA. 

Para sostener esa teoría, "el grupo de los cinco” hacen saber que la estación de servicio Rhasa de San Luis y España fue gerenciada por un integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, Rubén Osvaldo Bufano, publicado en el Nunca Más por su participación delictiva en la última dictadura.

Por ese motivo Bufano llegó a estar preso en el último tiempo. Luego fue sobreseído y liberado el 14 de mayo último porque consideraron que ya había sido juzgado por el secuestro extorsivo de un financista ocurrido en el ´79, quien pagó 200.000 dólares para ser liberado.

Bufano llegó a embargar la esquina por un enfrentamiento en el Juzgado Laboral con los dueños de la marca Rhasa, la familia Sambucetti, con quienes el ex de Inteligencia había sido socio.

Los Sambucetti fueron investigados tanto por el Fisco Nacional como por la Justicia en lo Criminal por la supuesta comisión de ilícitos relacionados con la importación irregular de combustibles y también con su adulteración. También tienen una serie de causas judiciales abiertas por otras estafas similares que dicen haber sufrido.

Después del enfrentamiento laboral de Bufano con Sambucetti, la estación de servicio Rhasa cerró sus puertas y el terreno quedó sin uso en los últimos años.

Ahí entran en escena los cinco sanjuaninos, quienes dicen que lo compraron de buena fe y están reclamando su titularidad.

La intención era comprar el terreno para luego construir allí un edificio de departamentos. Ese "grupo de los cinco” está integrado por el escribano Ricardo Roberto Luluaga; el empresario de la construcción César Raúl Borrego; el oftalmólogo Reinaldo Echavarría; el médico Osvaldo Hidalgo y Miguel Ángel Aguilera. Entre ellos hay lazos familiares y comerciales.

La oferta de venta del terreno se hizo mediante la publicación de un aviso pago en un diario. El intermediario con el que se contactan los sanjuaninos para adquirir la propiedad es Lito Noguera, a quien dos fuentes judiciales describen como "un comisionista”.

El monto real de la operación económica es un verdadero misterio. Todos coinciden en un mismo fundamento para sostener el por qué de ese misterio: dicen que es una práctica habitual en los negocios inmobiliarios acordar por un monto y poner otro menor en los boletos de compra-venta para pagar menos impuestos.

En la causa judicial sólo un testigo menciona el monto. Dice que en el Registro Inmobiliario la constancia de la operación es de 1 millón de pesos.

Las fuentes vinculadas a los compradores aseguran que fue mucho más, de unos 3,5 millones de pesos. Lo sostienen diciendo que cada uno de los cinco compradores puso entre 600.000 y 700.000 pesos.

Para los involucrados, ése es el valor de mercado de ese terreno en ese momento. Pero otras fuentes inmobiliarias dicen que ese terreno, ubicado frente al eje cultural y cívico de la Ciudad de San Juan, tiene un monto superior.

"El grupo de los cinco” trató en todo momento con un sujeto que decía llamarse Walter Javier Morelli. Pero luego usó otro nombre: el 28 de junio de 2013 el escribano Luluaga recibió un llamado anónimo que le informaba que el sujeto que los había estafado estaba llegando a San Juan desde Buenos Aires en el asiento N° 13 A del vuelo N° 2430 de Aerolíneas Argentinas.

Luluaga, junto a Borrego e Hidalgo, contrataron a un investigador privado y se apostaron en el aeropuerto Domingo F. Sarmiento. Ubicaron físicamente a Morelli, quien había viajado con otro nombre: Eber Moreno.

La Policía de San Juan fue notificada de todos esos pasos, pero inexplicablemente el sujeto se les escapó en una zona descampada: en las inmediaciones del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Allí le perdieron el rastro al remis en el que se había movilizado desde el aeropuerto al Colegio Excellence College, en Rawson, donde había buscado a una niña, y de ahí a la casa de una mujer en Rawson. Ese día, las cámaras de seguridad de la escuela no funcionaron.

Todo parecía haberse confabulado para no atrapar a Morelli. De haber caído, se podría haber descubierto qué vínculo tenía con el abogado Pedro Carmelo Zinno, quien apareció en San Juan el día que se concretó la operación inmobiliaria acreditando documentación que lo habilitaba como apoderado para poder vender el terreno. Ese abogado es a quien originalmente la jueza federal Arroyo Salgado empezó a investigar por falsificación de documento público y estafa, denunciado por la firma Apremer SA.

Con la intención de concretar el negocio y mostrar su buena fe, Morelli llegó a invitar a uno del "grupo de los cinco” a viajar a Capital Federal para recabar la documentación necesaria para la operación inmobiliaria.

Cuentan en Tribunales que la invitación al sanjuanino incluyó el hospedaje en un hotel del lujo y hasta la visita a un palco de la mítica Bombonera para ver jugar a Boca Juniors. Claramente, la intención era demostrar poderío, contactos y ser "creíbles”.

El negocio iba viento en popa. Pero se cayó como un castillo de naipes el mismo día que se concretó la operación.

Increíblemente, una mañana de septiembre de 2012, en el preciso momento que el escribano que había buscado "el grupo de los cinco” volvía del Registro Inmobiliario para concretar la compra del terreno, lo sorprendieron en la vereda de la calle Rivadavia. Caminaba por la puerta de Tribunales cuando unos sujetos, acompañados de un abogado sanjuanino de apellido Matar, lo detuvieron y le dijeron ser representantes de la empresa Apremer SA, propietarios de la estación de servicios Rhasa.

Minutos después se reunieron y le comunicaron una catarata de malas noticias: que se habían enterado que habían comprado el terreno de la esquina de San Luis y España, siendo que ellos no lo habían puesto a la venta. Se despacharon con que los habían estafado, les habían truchado la clave fiscal de la AFIP, les habían abierto una cuenta bancaria trucha en el banco Macro ubicado en Olivos y una serie de otras irregularidades, desconociendo totalmente a las dos personas con quienes los sanjuaninos habían hecho todo el negocio, Morelli y Pedro Zinno.

Los sanjuaninos desconfiaron de esos empresarios por el nivel de documentación que habían manejado las personas con quienes hicieron el trato. Además, siempre se preguntaron cómo pudieron saber tan rápido de la operación si es que era cierto que habían sido estafados y no estaban al tanto de nada.

Por eso los sanjuaninos se mantuvieron en su postura de que habían comprado el terreno de buena fe y con todos los requisitos legales vigentes.

Luego se produjeron las denuncias penales y civiles cruzadas.

Como apoderado de Apremer SA, dueños de Rhasa, Fabián Abel Sambucetti (51) denunció el delito de estafa en la Fiscalía de Instrucción N° 1 los últimos días de noviembre de 2012. Pasada la feria judicial del 2013, en febrero de ese año "el grupo de los cinco” contraatacó: Osvaldo Daniel Hidalgo y Ricardo Roberto Luluaga también denunciaron el delito de estafa en esa misma fiscalía.

Por el lado civil, para que no concretaran la escrituración a nombre de los sanjuaninos, la firma Apremer metió un recurso de amparo. Esa causa llegó hasta la Cámara Civil y allí recibieron un revés: los jueces entendieron que, civilmente, "el grupo de los cinco” había comprado legalmente la propiedad porque reunían todos los requisitos legales y correspondía que se concretara la escrituración a su nombre.

Pero eso no se concretó. Mientras se bajaba ese fallo para ser notificado oficialmente al Registro Inmobiliario, la causa saltó al juzgado federal de Arroyo Salgado, quien ordenó allanar el Registro Inmobiliario y secuestrar toda la documentación vinculada a esa causa que ella originalmente había iniciado por una adulteración de documentos, como así también la causa penal con las denuncias cruzadas que habían estado en el Quinto Juzgado de Instrucción y se habían ido al Juzgado Federal N° 2 que dirige Leopoldo Rago Gallo. El juez federal local entendió que su par Arroyo Salgado era quien tenía que investigar y la envió todo.

Mientras, "el grupo de los cinco” no recuperó su dinero ni tiene a su nombre el terreno y la ex del fiscal Nisman no resuelve si los sanjuaninos fueron víctimas de una estafa, si la empresa Apremer SA se auto-estafó o qué es lo que certeramente ocurrió.

Hoy por hoy la propiedad del codiciado terreno de la esquina de San Luis y España está en la nebulosa.

Claves

1-Actualmente la titularidad del terreno ubicado en San Luis y España es un enigma: los sanjuaninos dicen que compraron de buena fe y los dueños dicen que ellos no vendieron.

2-Cuando fue puesto en venta, otras empresas constructoras locales también se mostraron interesadas en adquirirlo, debido a su excelente ubicación como zona residencial.

3-La empresa Apremer SA puso custodia en el terreno para evitar una usurpación y el escribano Luluaga los denunció por usurpación. La custodia privada fue sacada legalmente del edificio.

4-La otra estación de servicios abandonada que también pertenece a la firma Apremer SA es la que está ubicada en la esquina de España y 9 de Julio.

¿Por qué confió el "grupo de los cinco”?

Según consta en la causa judicial, los cinco sanjuaninos que adquirieron el terreno tomaron todos los recaudos legales para la adquisición del terreno ubicado en la esquina de San Luis y España. En una de las declaraciones testimoniales consta que se requirieron siete elementos para concretar la operación.

Ellos son: copia certificada y legalizada del título de la propiedad; estatutos sociales de Apremer SA; poder especial de Néstor Ángel Saulino (un hombre de 80 años que figura como presidente de Apremer SA) a favor del abogado Pedro Carmelo Zinno y formalizado ante una escribana de Vicente López; el original del libro de actas de asamblea donde se autorizó la venta del inmueble en cuestión; el aporte de los vendedores del COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles y Constancia de alta-venta de Inmueble), el cual sólo puede ser obtenido de la AFIP por dueños o accionistas de las sociedades; libre de deudas de Rentas, Municipalidad de la Capital y OSSE; y plano de mensura apto para escriturar.