Muerte en la cloaca: ahora detuvieron a un ingeniero colombiano Cloacas: seis muertes y una condena en 23 años

Por Gustavo Martínez Puga

Domingo Salina (19) en 1993. Gonzalo Damián Díaz (11) y Pablo Manuel Vargas (12) en 2005. Rodrigo Muñoz (26) en 2009. Luis Álvarez (27) en 2014. Y ahora Rodrigo Sánchez (24). Todos ellos tienen en común haber sido víctimas de tragedias prácticamente calcadas: los seis perdieron la vida mientras se construían cloacas en distintos puntos de la provincia.

El repaso por los archivos judiciales muestra que hubo cuatro muertes en 23 años mientras se construía la red sanitaria y que en solo uno caso la Justicia llegó a condenar a una persona por su responsabilidad penal. Hasta ahora, el responsable penal inmediato siempre fue el capataz.

Los puntos en común de las cuatro tragedias: la falta de elementos de seguridad y de prevención en obras de alto riesgo humano.

Hubo una séptima muerte en las cloacas en construcción, pero no fue a causa de un accidente puntual por la obra: la de Johana Castro, la madre de Yutiel, el bebe asesinado a golpes (ver aparte).

UNO A UNO

El único caso del que se conoce en Tribunales que tuvo una condena fue el ocurrido el 23 de septiembre de 1993. La víctima fatal fue Domingo Alfredo Salina, un joven de 19 años.

Angustiada por la tragedia, su esposa de 37 años, Marta Sonia Pelc, le cedió legalmente a los padres del joven los derechos para que fueran querellantes.

La obra cloacal en la que ocurrió esa tragedia fue en las inmediaciones de la calle Paula A. de Sarmiento y la diagonal Viamonte, en Capital.

En la causa judicial consta que los inspectores de OSSE habían advertido que la obra tenía irregularidades, debido a que no se había entibado correctamente. El entibamiento consiste en una especie de apuntalamiento de la zanja por la que se va metiendo el caño de las cloacas.

A pesar de la advertencia oficial la obra no había sido suspendida, la construcción siguió y la fatalidad llegó: un desmoronamiento de las pilas de tierra a los costados de la obra provocaron un desmoronamiento que terminaron sepultando la zanja y, con ella, al joven Salina.

La empresa que OSSE había contratado para hacer la "Ampliación Conector Centro” pertenecía a Adolfo Grynszpan, la cual se presentó en liquidación y la familia del obrero fallecido no cobró los 194.045 pesos de la demanda que se tramitó en el Tercer Juzgado Civil. La abogada de la víctima fue Silvina Gerarduzzi, ahora fiscal en el caso Muñoz.

La tragedia del obrero Salina tuvo un condenado: el capataz de la obra, Claudio Valdéz. El juez Enrique de la Torre, en el Primer Juzgado Correccional, lo condenó por el delito de homicidio culposo a un año y seis meses de prisión.

Luego el estudio de la abogada Gerarduzzi fue civilmente contra OSSE. Pero la Cámara Civil falló que no correspondía que pagara la demanda la empresa estatal porque es una persona jurídica y no física, por lo que no podía hacerse cargo de ese reclamo.

2005

El 4 de mayo de 2005 dos chicos desaparecieron misteriosamente cuando habían salido a jugar. A las horas se dieron cuenta de que algo muy malo había ocurrido: la ampliación de la red cloacal en el barrio Retiro, en Santa Lucía, se había derrumbado y los había enterrado frente a la casa de los niños.

Gonzalo Damián Díaz, de 11 años, y su amiguito Pablo Manuel Vargas, de 12, quedaron sepultados. La jueza Mónica Lucero, del Tercero Correccional, había procesado a los profesionales de OSSE y de la Municipalidad de Santa Lucía que estuvieron a cargo de la obra. Eran cuatro ingenieros, dos de OSSE y dos del municipio.

Pero luego la Sala Tercera de la Cámara Penal revocó esa resolución y dictó una falta de mérito. Eso significa que entendieron que no había pruebas para condenar penalmente a los profesionales, pero tampoco quedaban legalmente desvinculados de la causa, la cual podía ser reabierta si aparecían nuevas pruebas.

Civilmente sí hubo condena. La Sala Primera de la Cámara Civil entendió que OSSE debió tomar recaudos en la construcción para evitar accidentes y que la Municipalidad de Santa Lucía debió custodiar el perímetro para que nadie ingresara.

2009

Las vueltas de la vida hicieron que la abogada Gerarduzzi, quien era querellante por Salinas en el ´92, se transformara en la fiscal de la tragedia de Rodrigo Muñoz. Ese caso conmocionó a los sanjuaninos: el obrero se metió a una boca de las cloacas y la correntada se lo llevó para siempre.

Ocurrió el 19 de marzo de 2009 en Roque Sáenz Peña, al Oeste de calle Colón, departamento Santa Lucía. Casi dos meses después, un pie de Muñoz fue hallado a cinco kilómetros por los bomberos. Tiempo después apareció el torso.

En abril de 2010 la jueza Mónica Lucero, del Tercero Correccional, procesó por el delito de homicidio culposo a Nelson Vergara, el capataz que había puesto la empresa Federico Hermanos, la empresa que OSSE había contratado para hacer la obra.

El 3 de agosto de 2012 la jueza Lucero elevó el caso de Muñoz para que el juzgado correccional en turno realice el juico. Pero eso todavía no ocurre.

Actualmente el caso de Rodrigo Muñoz está en el Cuarto Juzgado Correccional. A través de la secretaría precisaron que aún no hay fecha de juicio para ver si el capataz Vergara es o no culpable del homicidio culposo por haberle ordenado a Muñoz introducirse a la cloaca sin los elementos de seguridad.

De hecho, Muñoz ingresó en contra de su voluntad. Sólo llevaba puesto en la cara una remera. La única protección que tenía para trabajar en esa obra era una camisa y unas botas que le habían dado en la construcción del dique Caracoles.

Cuando Rodrigo Muñoz murió estaba en pareja y su mujer estaba embarazada. El bebe, Thiago, nació después. Ella se constituyó en querellante junto a su hijo y demandó civilmente a la empresa Federico Hermanos, con el patrocinio legal del abogado Maximiliano Blejman, ahora camarista penal. Logró cobrar un seguro a través de la ART, cuyo monto no trascendió.

En los últimos días la fiscal Gerarduzzi (intervino en la instrucción del caso y también lo hará en el juicio) pidió que la empresa Federico sea citada a dar explicaciones sobre por qué no aportó los elementos de seguridad a Rodrigo Muñoz.

2014

Mientras la causa penal por Rodrigo Muñoz espera un final, en Jáchal otro obrero perdía la vida en una obra cloacal.

Ocurrió el 11 de agosto de 2014. Luis Adrián Álvarez (27) murió por el derrumbe de la zanja en la que estaba trabajando, tal como le había pasado a Salina en el ´92. Para colmo, un compañero intentó sacarlo desesperadamente con una pala retroexcavadora y lo terminó decapitando.

La tragedia ocurrió en horas de la tarde en el cruce de las calles Salta y Chubut, en el Barrio Fronteras Argentinas, departamento Jáchal. Y al otro día otra máquina excavadora cayó a la zanja.

La obra estaba a cargo de la empresa Federico Hermanos, la misma de la tragedia de Rodrigo Muñoz. En ese momento la Policía informó que Álvarez se había metido a una zanja de 3,5 metros de profundidad para reparar un caño roto y que la vibración de las máquinas trabajando a pocos metros provocó el desmoronamiento.

El juez Pablo Oritja aún está investigando el caso y tomando medidas para emitir una resolución.

2015

En la tarde del 17 de febrero último se produjo la cuarta tragedia en una obra cloacal en poco más de dos décadas.

Ocurrió en Progreso y General Acha, departamento Rawson. Cuatro obreros se metieron a cuatro metros de profundidad para soldar el interior del caño de la red troncal. Todos sufrieron la falta de oxígeno.

Horas después se confirmaba que Rodrigo Sánchez, de 24 años, moría a consecuencia de la falta de elementos de seguridad que le hubieran permitido respirar en la profundidad de la tierra. Sánchez y otros tres obreros trabajaban para una empresa Molina SRL, subcontratada para hacer las soldaduras.

Después la historia comenzó a repetirse. El primero en caer detenido por orden del juez Eduardo Agudo, del Primero Correccional, fue Guillermo Andrés Videla (32), el capataz de esa empresa de soldaduras. Más tarde también se detuvo al dueño de la empresa subcontratada, Rubén Alberto Molina (44).

Ambos están imputados del delito de homicidio culposo. El juez Agudo deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos en la muerte del músico cuartetero. También se determinará la responsabilidad de la empresa LBESA SA, quien subcontrató a Molina SRL.

Claves

*Ni bien se produjo la tragedia en Rawson, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, aseguró que la empresa a la que pertenecía el obrero no había provisto los elementos de seguridad.

*Sergio Ruiz, titular de OSSE, precisó que en la tragedia de Rawson la empresa estatal no tiene responsabilidad, porque legalmente la inspección corresponde al ENOHSA.

La tragedia de Johana

A las dos de la madrugada del 19 de noviembre de 2014 se produjo un accidente de tránsito en el que una joven mujer moría. Fue cuando la moto en la que viajaba como acompañante se llevó por delante un montículo de tierra por la zanja abierta en la construcción de las cloacas en la Villa Estornell, en Rawson.

Según informó oficialmente la policía en ese momento, el montículo de tierra no estaba señalizado con luces ni la calle estaba debidamente cerrada al paso vehicular.

El accidente se produjo en Paula A. de Sarmiento y San Francisco, frente al hipódromo. La moto era conducida por el obrero Matías Oviedo (22), quien cayó adentro de la zanja de la obra cloacal en construcción.

La acompañante murió en el golpe y quedó tendida al costado de la zanja, al lado del montículo de tierra de la obra de la empresa LBESA SA. Más tarde fue identificada como Johana Castro (22), la madre de Yutiel, el niño que había muerto a golpes en una panadería abandonada.