De los nueve involucrados en la causa que investigó ese juez
de primera instancia, tres fueron sobreseídos y los otros seis fueron
procesados por los delitos de fraude y por integrar una asociación ilícita que
inflaba causas de expropiaciones para saquear las arcas del Estado mediante
fallos judiciales ilegales.
Entre los seis procesados están el abogado Santiago
Graffigna (al único que se lo dictó con prisión preventiva), la jubilada jueza
Rosalba Marún y tres ingenieros que Graffigna usó sistemáticamente como peritos
para sus causas.
Si bien el fallo es con prisión para Graffigna, en marzo
próximo al abogado se le cumplirán tres años de prisión preventiva sin
sentencia, por lo que deberán levantarle la prisión domiciliaria.
En un fallo de 135 páginas, el juez Correa detalló
minuciosamente el rol de cada uno en las causas de expropiaciones que el
Gobierno Provincial denunció, en octubre de 2010.
Y allí está detallado el rol que el juez Correa le atribuyó
al abogado Alday para procesarlo y así pedir que sea juzgado por nueve hechos
en tres tipos de delitos. Estos son:
-Integrante de una asociación ilícita.
-Partícipe necesario de estafa en cinco hechos: las causas
Margarita Esquivel; Luna Manuel; Luna Ricardo Benito (dos expedientes); Ruiz
Guillermo y Guajardo Viterbo.
-Tentativa de fraude en dos hechos: las causas Sinforoso y
Ramos de Manríque.
-Defraudación por ocultamiento o sustracción de expedientes,
en un hecho: causa Juan Luis Carbajal.
Sobre el rol en el escándalo judicial, el juez Correa falló
que "Alday, conjuntamente con el imputado
Graffigna (socio), ha participado en la tramitación de las causas de expropiaciones
que tuvieron como resultado la consumación de fraudes en perjuicio del Estado
Provincial, en algunas de las causas, y en otras quedaron en grado de
tentativa".
Para el juez Correa no hay dudas
que aquella sociedad jurídica que Alday decía haber disuelto con Graffigna,
argumentado así no tener nada que ver con las causas de expropiaciones, es una
mentira: "Si bien Graffigna tramitaba las actuaciones, era controlado por
Alday, y por consiguiente este también se beneficiaba con los cobros de las
indemnizaciones obtenidas en forma fraudulenta en los procesos
expropiatorios".
Tras una extensa investigación, el juez Correa determinó en
el fallo cuál fue el rol de cada uno de los seis procesados: "Graffigna ocupaba la posición de organizador del plan
tendiente a defraudar al Estado, la ex jueza Marún de Sobelvio, Baistrocchi
(abogado de Fiscalía de Estado), y los peritos Videla, Bustos y Quiroga, desde
el rol que cada uno tenía asignado en la planificación, efectuaron aportes en la construcción de
procesos con apariencia de legalidad, pues en los mismos se arrasaba con principios
fundamentales del derecho Civil y Procesal Civil, construyendo procesos minados
de irregularidades y vicios, que concluían con sentencias arbitrarias".
MEMORIA INCREÍBLE
Sólo para demostrar la arbitrariedad y la impunidad con la
que se manejaron los sospechosos, el juez Correa citó en su fallo el increíble
rol de uno de los peritos, quien lejos de ser un auxiliar de la Justicia la llevó
a cometer errores: "Videla fue poli-funcional en
la causa Basañez, pues por una parte prestó testimonio como testigo ofrecido
por Graffigna, declarando sobre hechos que fueron percibidos cuando contaba con
la edad de 7 años, sumado a ello al momento de relatar sobre estos hechos
habían transcurrido 48 o 57 años, aproximadamente, según se trate del ensanche
o de la apertura de las calles que han generado la expropiación, demostrando de
esta forma un grado de compromiso hacia Graffigna".
Además de "recordar"
detalles de las calles sanjuaninas de cuando tenía solo 7 años, Videla también
hizo de perito. Es decir que, en una misma causa, fue testigo y perito en favor
de Graffigna.
Otros testigos claves que el juez Correa citó para
fundamentar su fallo son los relatos de Héctor Rollán (actualmente juez del Primero
Civil) y de Bustos, una prosecretaria, quienes relataron cómo Graffigna tenía
el "privilegio" de ser recibido siempre y a cualquier hora por la ex
jueza Marún. Rollán y Bustos contaron cómo el abogado metía y sacaba
expedientes en el juzgado y recordaron el día que la ex jueza Marún retó a
Rollán delante de Graffigna porque no le había librado un pago de 200.000 pesos
que, encima, no eran del abogado, sino de su cliente.
La ex jueza Marún se enojó porque Graffigna tenía que irse a
Chile y los empleados no le habían querido autorizar irregularmente el dinero
de una causa, lo que la jueza hizo hacer inmediatamente.
TESTAFERROS
Y uno de los hechos más contundentes que dio por probado el
juez Correa fue lo que todo el mundo siempre creyó que ocurría: Graffigna usó a
sus "amigos" para hacerlos figurar en las causas y así él no aparecer.
"Graffigna utilizaba testaferros para evitar llamar la
atención en todos estos juicios de expropiación donde, como jefe, dirigía una
asociación ilícita con el fin de defraudar al Estado, como lo hizo en Basañes,
Ruiz Guillermo, Yanzón de Graffigna y ahora también con Suraty", dice el
fallo de Correa.
SURATY
El juez Correa también determinó que Graffigna no era
honesto con sus "amigos", ya que les devolvía sumas ínfimas de dinero
por lo que habían puesto para hacerlos aparecer como titular de los juicios,
siendo que él sabía que en el corto plazo cobraba sumas exponencialmente
superiores.
La causa Suraty es un espejo de ello. Dice el fallo:
"En esta causa se recepcionó el testimonio de María Celina Infante,
hermana de Carlos Infante, socio del Dr. Mulet, quien había adquirido el 35 %
de los derechos indemnizatorios de esta causa n° 95708. Esta cesión la hizo en
su favor Mónica Almeida, secretaria del estudio jurídico de Mulet - Infante,
pagando $ 5.000 por la adquisición del 35 % de los derechos indemnizatorios con
sentencia firme, siendo que conforme a la planilla de liquidación a la fecha
30/09/02 la suma ascendía a $ 1.013.849,74".
Hoja de ruta
*El abogado
Santiago Graffigna ahora está procesado por 15 hechos.
El 10 de diciembre de 2015 el juez Benedicto Correa lo
procesó por tres delitos: jefe de una asociación ilícita; tentativa de estafa
(causa Basañes) y estafa (causa Suraty). Lo embargó por 5 millones de pesos.
El 1 de diciembre de 2014 el juez Benito Ortiz lo procesó
por un delito: tentativa de estafa (causa Herrería). Le embargó por 35 millones
de pesos.
El 13 de agosto de 2013 la jueza María Ines Rosselot lo
procesó por 11 delitos contra la Administración Pública.
*La ex jueza
A Rosalba Marún de Sobelvio, jubilada como jueza del Primero
Civil, ahora le pesan 13 delitos.
El 10 de diciembre de 2015 el juez Correa la procesó por
siete hechos: estafa (dos hechos, las cusas Benito Luna, Manuel Luna),
tentativa de estafa (cuatro hechos, por las causas Carbajal, Sinforoso,
Basañes, Suraty), e integrante de una asociación ilícita. Le trabó embargo por
5 millones de pesos.
El 15 de octubre de 2013 la jueza María Ines Rosselot la
procesó por seis delitos: estafa (dos hechos), tentativa de estafa (dos
hechos), falta a los deberes de funcionario público e integrante de una
asociación ilícita. En apelación, la Sala II le dejó todos los delitos en
suspenso con una falta de mérito y le confirmó sólo la falta a los deberes como
funcionaria pública.
*Los peritos
Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos son
los peritos que usaba Graffigna.
El 10 de diciembre de 2015 el juez Correa procesó a Bustos
por tres hechos: estafa (dos hechos, por las causas Luna Manuel y Luna Benito)
e integrante de una asociación ilícita.
AVidela lo procesó por tentativa de estafa (causa Basañez) e
integrante de una asociación ilícita. Y a Quiroga lo procesó por tentativa de
estafa (causa Carbajal), estafa (causa Sinforoso) e integrante de una
asociación ilícita. A cada uno le trabó un embargo de 3 millones de pesos.
El 1 de diciembre de 2014 el juez Ortiz había procesado por
estafa e integrante de asociación ilícita a Videla y a Bustos. Y a Quiroga por
tentativa de estafa y asociación ilícita. Y les trabó un embargo de 5 millones
de pesos cada uno.
*Los funcionarios
Aldo Molina, ex ministro de Hacienda; su ex asesor, Carlos
Sánchez Bustos y Alfredo Jordán, Tesorero General de la Provincia, habían sido
citados a una declaración informativa por pedido del ex Fiscal de Estado, Mario
Díaz, quien está procesado.
El juez Correa resolvió que
"ninguno de ellos ha realizado actos o conductas disvaliosas, que resulten
o sean comisivas de delito alguno, por el contrario la manifestaciones
efectuadas por cada uno de ellos, no hacen más que confirmar que sus
actuaciones en el trámite de pago, estaban debidamente autorizadas y dispuestas
en la Ley de Contabilidad Provincial".
