EN EL FUERO FEDERAL

Pedido masivo de excarcelaciones a narcos y represores generó revuelo

Los hizo el defensor oficial Caeiro. Pidió la libertad a 50 narcos. Se sumaron algunos detenidos por lesa humanidad. Citan al caso Tellechea. El fiscal Maldonado, contundente: “Es un disparate”. Por Gustavo Martínez Puga.
martes, 03 de noviembre de 2015 · 09:18
Por Gustavo Martínez Puga

Puertas adentro, en el Juzgado Federal se generó un gran revuelo por un pedido masivo de excarcelaciones a medio centenar de detenidos por narcotráfico que hizo el defensor oficial Eduardo Caeiro. Encima, ya empezaron a sumarse pedidos individuales de represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Pero el agite fue aún mayor en el pabellón de presos federales del Servicio Penitenciario Provincial, donde los internos empezaron a exigir la presencia de sus abogados y a asesorarse unos con otros porque veían en el reciente auto de procesamiento por el caso Tellechea, una posible puerta de salida hacia la libertad.

Pero el fiscal federal general, Francisco Maldonado, se encargó de echarle un baldazo de agua fría a esa efervescencia: "Es un disparate”, se limitó a responder cuando se le consultó por esos pedidos de excarcelaciones. Y, hasta con cierto malestar, agregó: "En Derecho no todos los casos son iguales. Ningún sospechoso de narcotráfico va a salir libre por un planteo así”.

Hasta mediados de la semana pasada, el juez federal Miguel Ángel Gálvez, subrogando el juzgado de Rago Gallo, ya había negado sistemáticamente casi una decena de esos pedidos de excarcelaciones, por considerar que "no cambiaron las circunstancias fácticas y jurídicas anteriores”.

De esa forma, el juez federal le estaba diciendo al defensor oficial que las situaciones de encierro de sus detenidos no se habían visto modificadas después del dictado de prisión preventiva que le habían hecho a cada uno.

Es de esperar que ahora el defensor oficial Caeiro, ante la negativa a sus pedidos de excarcelaciones, recurra al tribunal superior inmediato: la Cámara Federal de Mendoza.

En esa instancia se terminaría de definir esta ola de pedido de excarcelaciones. Y mucho tendría que ver en la solución final la decisión que la Cámara Federal tome en el caso Tellechea.

Si bien cada uno del medio centenar del pedido de excarcelaciones del defensor oficial Caeiro fue hecho en forma individual, todos tienen una misma base jurídica: "En virtud de los principios de igualdad, no contradicción, congruencia y lógica, corresponde la aplicación de la doctrina judicial fijada en el precedente de la causa Moyano y por ende ser aplicada en este caso concreto”, dice uno de los 50 escritos.

Palabras más, palabras menos, es el mismo argumento al que recurrieron los represores de la última dictadura cívico militar detenidos por delitos de lesa humanidad. En muchos de esos casos, hicieron los pedidos por su propia cuenta (sin un abogado).

¿Qué fue lo dijo el juez Rago Gallo en el auto de procesamiento del caso Tellechea? Que procesaba a seis de los siete imputados por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea sin prisión preventiva. Y justificó que los procesados seguían eximidos de prisión porque consideraba que no había riesgo de fuga, porque tenían arraigo familiar y laboral y porque no había riesgo de entorpecer la investigación, entre otros argumentos.

El fiscal federal Maldonado no estuvo de acuerdo con esa última decisión del juez federal Rago Gallo y apeló la excarcelaciones de los seis procesados ante la Cámara Federal de Mendoza.

En los planteos del defensor Caeiro se cita que el artículo por el que se dictó procesamiento en el caso Tellechea es el 142 ter del Código Penal Argentino, el cual prevé penas que van desde los 10 hasta los 25 años de prisión. Y lo contrapone con el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación dice que el juez puede otorgar la eximición de prisión cuando la pena no supere los 8 años de prisión.

El defensor oficial Caeiro citó que las penas por narcotráfico de los detenidos que representa tienen penas que van de los 4 a los 15 años de prisión. Y argumentó también que son personas con arraigo familiar, con domicilio fijo, que son casos donde la instrucción está avanzada y no pondrían en peligro la investigación, entre otros puntos comparativos con el caso Tellechea. 

Ahora resta que el tribunal de la Cámara Federal de Mendoza (Hugo Echegaray, Raúl Fourcade y Roberto Nacif) resuelva el planteo del caso Tellechea. Y seguramente luego harán lo mismo con cada uno de los planteos del defensor oficial Caeiro.

Así se sabrá si alguno de los 50 pedidos de excarcelación a narcotraficantes se ven o no favorecidos por el caso Tellechea.

¿Cómo está la causa Tellechea?

Los seis procesados por el delito de desaparición forzada en el caso de Raúl Tellechea apelaron el fallo del juez federal Leopoldo Rago Gallo ante la Cámara Federal de Mendoza.

Los seis procesados son Luis Héctor Moyano, Eduardo Rubén Oro, Miguel Alejandro Del Castillo, Luis Ángel Alonso,  Alberto Vicente Flores (ex policía) y Sebastián Cortez Páez.

Mientras que el juez Rago Gallo dispuso la falta de mérito para Juan Marcelo Cachi.

El delito prevé prisión de 10 a 25 años y está estipulado en el artículo 142 ter del Código Penal Argentino: es cuando un "funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

Raúl Tellechea trabajaba en la parte de informática de la mutual de la Universidad Nacional de San Juan y la línea investigativa del juez Rago Gallo apunta a que "existe la fuerte sospecha por parte de los encartados de hacer callar a Techellea al no haber acordado su silencio, por el cual Moyano -junto a los otros miembros de la comisión- pergeñaron un plan para el secuestro del ingeniero para amedrentarlo; valiéndose el último de los nombrados de sus relaciones en virtud del cargo público que estaba ejerciendo para ocultar los hechos que hoy investigamos”.

El fiscal federal Francisco Maldonado abonó esa línea. Pero no estuvo de acuerdo con el fallo del juez Rago Gallo en la eximición de prisión para los seis procesados, por lo que apeló ésa medida puntual a la Cámara Federal de Mendoza.

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