Por Gustavo Martínez Puga
María Laura Chávez vendió hasta su auto y se quedó a pie para poder llegar al monto de dinero que le pedían para la entrega de un vehículo cero kilómetro. Llegó a entregar 132.000 pesos con la promesa de que en 90 días hábiles iba a tener su auto nuevo. Pero pasaron 170 días y ése auto nuevo no llegó nunca. Es más, ni siquiera estaba pedido en fábrica. Cansada de las idas y vueltas y de falta de respuestas, recurrió a la Justicia y realizó una denuncia penal.
El caso ingresó en el Quinto Juzgado de Instrucción, donde se evaluó la denuncia y se determinó que podían estar en presencia de una estafa, ya que la documentación aportada por la denunciante serviría para probar que la empresa nacional incurrió en una presunta estafa, más puntualmente en los delitos tipificados en los artículos 172 y 173 (inciso 11) del Código Penal Argentino.
Por ese motivo, el miércoles último el juez Benedicto Correa emitió una orden de allanamiento y policías de la división Defraudación y Estafas allanaron la oficina sanjuanina de la empresa GRUPORED y Red Agromóviles, ubicadas en la esquina de la avenida Ignacio de la Rosa y Ameghino, en Capital.
Para sorpresa de los investigadores, la Justicia no pudo encontrar en ese lugar la documentación que buscaban como evidencia, ni alguna persona responsable, ya que quienes estaban en ese lugar eran vendedores que no tenían ningún vínculo legal como representantes de la empresa.
Según fuentes judiciales, la documentación contractual con la presunta damnificada, como las personas legalmente responsables por esa empresa, están en las oficinas que la empresa tiene en la provincia de Córdoba. También confirmaron que otras oficinas centrales están en Buenos Aires.
Ahora la evolución de la causa penal dependería mucho de un acuerdo al que podrían llegar entre la denunciante y la empresa en las oficinas de la Dirección de Defensa al Consumidor, en el Centro Cívico. Es que, en forma paralela a la denuncia penal, la denunciante también hizo un reclamo administrativo en esa oficina.
GRUPORED y Red Agromóviles es una empresa nacional que consiste en un grupo de capitalización y ahorro, mediante el cual ofrecen vehículos cero kilómetros, casas y préstamos personales, prendarios y comerciales.
En el caso de María Laura Chávez, la presunta estafa estuvo dada con un plan de un auto. Según fuentes judiciales, la mujer arrancó pagando por Renault Kangoo y luego se pasó a un Fiat Idea 1.4 Autentic.
Según la denuncia, el contrato estipulaba que a los 90 días hábiles de aceptado el 70 por ciento de la cancelación del plan, la empresa debía entregarle el vehículo cero kilómetro.
Para juntar ese 70 por ciento, la mujer vendió hasta su auto usado, un Fiat Idea. Así fue como logró entregar 80.000 pesos y siguió pagando cuotas de 2.500 pesos.
Cuando llegó a entregar 132.000 pesos, y como ya habían pasado 170 días hábiles (el contrato decía que a los 90 le debían dar el auto), la mujer empezó a pedir explicaciones y llegó a usar cartas documentos.
Según la denuncia, un representante local le dio dos alternativas muy poco convenientes para la mujer: o dos cuotas de 51.000 pesos cada una, para febrero y marzo próximo (le ofrecían menos dinero que el que ella entregó por gastos administrativos); o la posibilidad del auto para junio de 2016, condicionado a que hubiera disponibilidad en fábrica y, además, ella debía cubrir una eventual suba en el precio del vehículo para esa fecha.
De acuerdo a lo que se barajó en Tribunales, el contrato que firmó la mujer tendría "cláusulas abusivas” que podrían configurar un delito.
Las penas
Artículo 172:
Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
Artículo 173, inciso 11:
Es un caso especial de defraudación. Dice el artículo: El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía.