En la mañana del miércoles cayó detenido el abogado Alejandro Miquelarena tras descubrirse que el sujeto había estado ofreciendo sus influencias a los presos federales alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
Este abogado había renunciado a la fiscalía del Juzgado Federal y ofrecía los supuestos contactos que tenía allí para traficar influencias con los reclusos y conquistar clientes.
La prueba más fuerte fue una grabación de un celular intervenido donde se escucha a Miquelarena hablando con una reclusa.
El abogado está imputado por Tráfico de Influencias y ahora le suman el agravante del artículo 256 bis del Código Penal que explica que el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años si su conducta “estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia.”