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JURY A MACCHI

Confirman que Graffigna podía seguir cobrando indefinidamente

Así lo afirmó Sergio Corsunsky, uno de los abogados que integró un equipo especial en Fiscalía de Estado para el seguimiento de las causas de las expropiaciones, ante una consulta de un miembro del jurado.

Por Redacción Tiempo de San Juan


En la audiencia al jury que se le está haciendo al juez Carlos Macchi, del Quinto Civil, involucrado en el escándalo de las expropiaciones, se conoció que la Fiscalía de Estado le autorizó a la Provincia a realizar pagos al abogado Santiago Graffigna antes de que hubiera una sentencia judicial definitiva.

Otro dato clave fue que las liquidaciones en las causas de expropiaciones en las que intervenían Graffigna no eran definitivas, por lo que, una vez cobrada, después podía buscar la forma de volver a reclamar dinero por lo que ya le habían pagado. Esto fue admitido por el abogado Sergio Corsunsky, quien intervino en causas de expropiaciones, ante una pregunta de Pablo Ramella, uno de los dos abogados que representan al Foro entre los cinco miembros del jurado que está investigando al juez Carlos Macchi.

Graffigna está procesado penalmente como el líder de una asociación ilícita integrada por 11 personas, en la que había jueces, funcionarios y abogados, la cual operaba mediante causas de expropiaciones y así cobraron cifras siderales al Estado.

La revelación del pago sin sentencia la hizo el abogado Sergio Corsunsky –ofrecido por la defensa de Macchi-, quien fue nombrado en enero de 2008 como integrante de un equipo especial por el anterior Fiscal de Estado, Mario Díaz –también procesado penalmente- para controlar a las causas de expropiaciones.

La afirmación de Corsunsky fue corroborada después de que el actual Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, querellante en el jury a Macchi, le preguntó y respondió afirmativamente que él, como abogado de Fiscalía de Estado, había impulsado el pago de una liquidación de la Provincia a favor de la parte que representaba Graffigna en base a una planilla de liquidación con la que Graffigna había estado de acuerdo –lo que era una obviedad- sin que hubiera una sentencia judicial.

Según Corsunsky, “mi criterio personal es que eso resultaba conveniente porque así se achicaba la deuda para cuando saliera la sentencia”.

La irregularidad está dada en que, como abogado de Fiscalía de Estado, debió esperar la sentencia judicial y pelear esa sentencia judicial para que la erogación de las arcas estatales fuera la menor posible, y no solo basarse en la opinión de la parte demandante.

Por otro lado, ante citas del fiscal De Sanctis, Cosunsky reconoció haber declarado en el Cuarto Juzgado Civil que “en las causas como la de Luna Benito terminaban siendo un gran negocio para la parte damnificada; que siempre veía a Graffigna revisar las causas de expropiaciones y que se veía repetirse a los mismos testigos en las diferentes causas”.

Corsunsky también reconoció que el abogado Raúl Alonso era el representante del abogado Horacio Alday en las causas de expropiaciones que se tramitaban en la Fiscalía de Estado. Alday está en la clandestinidad desde el 1 de marzo, cuando la justicia detuvo a los 11 sospechosos que después terminaron procesados.

Corsunsky fue contratado junto a los abogados Varas y Saffe para que controlaran y gestionaran las causas de expropiaciones, después de que estalló el escándalo públicamente.
Otro dato importante para la causa que dio el testigo fue el hecho de que él, junto a Norberto Baistrocchi, el abogado de Fiscalía de Estado que curiosamente actuó en todas las causas del escándalo que terminó favoreciendo económicamente a Graffigna y perjudicando a la provincia, actuaron juntos en el expediente Ricardo Benito Luna, en el cual Graffigna propuso los pagos que fueron aceptados en el Cuarto Juzgado Civil, lo que derivó en la suspensión de embargos futuros y se empezó con esa “modalidad de pago de buena voluntad”.

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