Fiscales, más duros en ataques sexuales a menores y mujeres
Es una decisión que ya tienen prácticamente tomada todos los representantes del Ministerio Público. Oponerse a la suspensión de juicios a prueba sería una de las medidas.
Por Gustavo Martínez Puga
Más duros en los ataques contra la integridad sexual en donde las víctimas sean mujeres o menores, apuntando, por ejemplo, a la suspensión de los juicios a prueba. Esa postura es que la que tienen prácticamente tomada los fiscales sanjuaninos, quienes se vinieron reuniendo para consensuar una postura en forma conjunta entre todos los integrantes el Ministerio Público de la provincia.
Eduardo Quattropani, el fiscal general de la Corte de Justicia, admitió que están analizando esa posibilidad entre todos los fiscales, pero dijo que todavía no hay ninguna definición.
El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial en el cual los fiscales dependen del Fiscal General de la Corte. Pero, en este tipo de medidas, se toma una decisión de cuerpo en la que estén de acuerdo todos los que integran ese aparato.
No es una práctica diaria que el Ministerio Público se junte para fijar una postura sobre los delitos que van afectando a la sociedad. Esta idea de fijar una postura más dura ante los delitos contra la integridad sexual forma parte de las políticas de persecución criminal que los fiscales van adoptando.
Un ejemplo
Según fuentes del Ministerio Público, una de las medidas que adoptarían sería la oposición de los fiscales de cámara a la suspensión de juicio a prueba, sobre en aquellos casos donde las víctimas sean mujeres o menores.
Los fiscales entienden que hay una serie de factores a tener en cuenta y que no siempre se puede aplicar la suspensión del juicio a prueba para evitar hacer el juicio. Por ejemplo, no es el mismo daño moral y psíquico el que sufre una mujer manoseada por un sujeto que el que sufre un menor.
Es que los fiscales notaron que hay tribunales que “son demasiado garantistas”, afirmaron, y permiten que muchos autores de delitos contra la integridad sexual obtengan fácilmente la libertad.
La suspensión del juicio a prueba puede ser solicitada cuando el imputado de un delito puede llegar a ser reprimido con una pena de reclusión o de prisión cuyo máximo no exceda los 3 años.
Pero los fiscales están analizando situaciones particulares. Es que el Código Penal dice que, en los casos de concurso de delitos –cuando hay varios hechos-, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese los 3 años.
Cuando el imputado pide que le apliquen esta posibilidad legal, debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que eso implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez es quien decide sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada.
Se espera que en los próximos días los fiscales hagan pública su postura ante estos delitos contra la integridad sexual, donde las mujeres y los menores son víctimas.
LA CIFRA
150
Es, en promedio, la cantidad de delitos contra la integridad sexual que se cometen anualmente en la provincia, según las estadísticas oficiales hasta el 2012.
El registro de violadores, a medias
El 5 de noviembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó la ley 8062 para crear el Registro de Identificación Genética de Autores de Delitos contra la Integridad Sexual. Pero aún no funciona correctamente.
Según fuentes judiciales, se implementó a medias, ya que se empezó a realizar desde el artículo 3 de la ley, el cual ordena los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida e historial delictivo y fotografía de los condenados, siempre mediante orden judicial.
Tras el pedido de informes que hizo Diputados para ver el estado de ese registro, la Corte había pedido a los juzgados que informaran todas las causas de delitos contra la integridad sexual. Y así formó un registro. Pero allí no estaban los padrones genéticos de los abusadores, tal cual lo pide la ley.
El registro había sido encomendado a Benito Ortíz, quien era un relator especial de la Corte de Justicia. Pero el año pasado fue designado juez, en noviembre, y dejó ese cargo.
La explicación oficial es que no es fácil conseguir un software para almacenar los padrones genéticos de los violadores. Y, además, que tampoco hay en la provincia un equipo de especialistas que sepan cómo almacenar y leer ese tipo de datos.
