Un total de 8010 personas que eran sometidas a distintas formas de esclavitud fueron rescatadas por el Estado nacional desde la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, de acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que incorporó en sus registros a otras 133 víctimas liberadas en enero y febrero de este año, precisa que entre 2014 y 2015 el Estado nacional rescató cada día a cinco personas esclavizadas por las redes de trata, que eran sometidas a distintas formas de explotación.
El 51 por ciento de las personas eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 49 por ciento restante eran sometidas a explotación sexual.
De ese total, en su mayoría se trataba de mayores de edad (90%) y poco más de la mitad (53%) eran personas de nacionalidad extranjera, en particular de Paraguay (el 45%), Bolivia (25%), y República Dominicana (24%).
Durante 2015, los operativos realizados por el Ministerio de Justicia, con apoyo de las fuerzas de seguridad, corresponden a allanamientos por explotación sexual (el 49%), entrevistas y asistencia de las víctimas en su declaración (38%), y allanamientos laborales (10%).
En 2012 se habilitó la línea gratuita 145 -que atiende las 24 horas del día en forma gratuita y anónima- para recibir denuncias telefónicas desde cualquier punto del territorio nacional.
En lo que va del año se recibieron 332 denuncias y la principal causa fue por explotación sexual (59%), seguido por explotación laboral (12%) y personas desaparecidas (11%).
El 43 por ciento de los llamados provienen de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y CABA; el 16 por ciento de Mendoza, San Juan y San Luis; el 15 por ciento de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero; el 6 por ciento de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán; y el 5 por ciento de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.
El Programa de Rescate coordina las acciones dirigidas a la lucha contra ese tipo de delito transnacional y está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, así como por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Abogacía.
