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SUSCRIBITE El kirchnerismo dio hoy su primer paso en el debate parlamentario para declarar a la telefonía celular como un "servicio público". La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado comenzó a tratar los cinco proyectos de ley que se orientan en este sentido. Su presidenta, Liliana Fellner, fue la encargada de expresar que el oficialismo tiene "voluntad política" de recorrer este camino.
Esta es la primera vez que el Frente para la Victoria acepta tratar proyectos de esta naturaleza. La telefonía celular es un servicio de carácter privado y, hasta el momento, toda la regulación se ha gestionado vía la Secretaría de Comunicaciones.
En la práctica, declarar a un servicio como "público" implica delegar en el Estado la facultad de fijar tarifas; es decir, injerencia directa sobre la estructura de ingresos de las empresas.
Los proyectos en debate son cinco, uno de ellos del oficialismo. En la reunión de hoy los autores fueron a explicar sus iniciativas y el acuerdo político entre todas las fuerzas políticas es la necesidad de una mayor regulación. Todos concuerdan en la declaración de "servicio público", mientras que todavía hay divergencias en temas sensibles como ubicación de antenas, derechos del consumidor, y designación de la autoridad de aplicación.
El paso siguiente será una convocatoria de audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común. Sin embargo, ningún bloque espera que el tratamiento sea rápido.
A fines del año pasado el Gobierno nacional tomó la decisión de avanzar en materia regulatoria sobre las operadoras, que se rigen como un servicio privado y -al mismo tiempo- son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor.
REVISIÓN DE COSTOS Y PRECIOS
Desde hace unos dos meses, el secretaria de Comercio y la de Comunicaciones analizan la estructura de costos y precios de los planes que ofrecen las principales operadoras del mercado: Personal, Movistar y Claro.
El objetivo de las carteras que conducen Augusto Costa y Norberto Berner respectivamente es avanzar hacia un acuerdo de precios para el sector, aunque todavía no hay una fecha definida para su implementación.
En tanto, Comunicaciones trabaja en un anteproyecto de resolución para lanzar un nuevo Reglamento de Clientes para las empresas. La cartera realizó audiencias públicas en todo el país, pero todavía no implementó la nueva normativa que propone. Legalmente todavía las empresas se rigen con un Reglamento del año 1997.
IMPLICANCIAS
La declaración de servicio público implica que el Estado pueda regular directamente los precios que cobran las empresas, los estándares de calidad y características de la prestación
Los proyectos en debate cierran la posibilidad de que las operadoras puedan ofrecer servicio de televisión a sus clientes.
La principal demanda de las empresas radica en necesidad de más espectro y en las dificultades para instalar antenas en municipios.
Las quejas más recurrente de los usuarios son sobre la calidad y la transparencia en los precios
(Fuente: La Nación)