El ministro de Justicia y el secretario de la misma cartera de la Nación, Julio Alak y Julián Álvarez, asistió al Senado de la Nación donde encabezó un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda en el que se explicó y aclararon los puntos clave de la reforma al Código Procesal Penal enviada por el Poder Ejecutivo la semana pasada.
Durante su exposición, Julián Álvarez, destacó que el nuevo Código Procesal Penal "se trata de un procedimiento ágil y sencillo, que termina con el ritualismo y con las chicanas judiciales”.
Por su parte, Julio Alak, recalcó el "carácter profundamente transformador” del proyecto y aseguró que "dota al Poder Judicial y al Ministerio Público de mayor eficiencia en la lucha contra el delito”.
El funcionario aclaró además que la reforma procesal penal "no pretende establecer sistemas de mano dura simbólica, sino que pretende acelerar los plazos, sumar oralidad al proceso, garantizar que quien cometa un crimen sea penado y que la victima pueda participar activamente del proceso”.
"Es un instrumento más de la política criminal del Estado”, resumió Alak, quien remarcó que "este Código va a permitir enfrentar los nuevos desafíos para enfrentar todo tipo de delitos, pero especialmente con el crimen organizado”.
Por otra parte, Alak advirtió que las cárceles argentinas tienen un promedio de 60 por ciento de procesados y apenas un 32 por ciento de condenados.
El plenario comenzó a las 15 en el Salón Azul de la Cámara Alta y el oficialismo ya dejó trascender que su intención es aprobarlo antes del final de las sesiones ordinarias del Congreso, en el mes de noviembre.
De hecho, una vez concluída la exposición, los senadores miembros de las comisiones que integrarán el plenario elaborarán un esquema de trabajo con el objetivo de agilizar el debate e intentar cumplir con los tiempos previstos.
EL PROYECTO
Entre los puntos más salientes, el nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio -en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Sobre este punto, Julián Álvarez explicó que "una vez ingresado el hecho, el fiscal forma un legado y en quince días debe tomar una decisión”.
"La más relevante, que es la de continuar con la causa, es la de formalizar la investigación. A partir de allí, el fiscal solicita una audiencia donde se citan al defensor y al juez”, afirmó.
El funcionario también indicó que el fiscal puede "desestimar el caso o puede archivar la causa por imposibilidad probatoria o de individualización de sus autores”.
"Si no está individualizado el autor del delito, la investigación se extiende hasta que el delito prescriba”, explicó.
Según indicó Álvarez, al finalizar la investigación "se realiza una nueva audiencia de revisión y se decide si la causa se eleva a juicio”.
"Entre 5 y 30 días tiene el tribunal para hacer el juicio que se realiza en dos etapas: la presentación de los hechos y luego la culpabilidad o no”, finalizó el secretario de Justicia.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos -por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito "in fraganti" serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la "reunificación familiar".
(Fuente: Info News)
