Colombia ha vivido tan obsesionada con combatir el cáncer
del narcotráfico en los últimos años que no detectó otra enfermedad que se iba
extendiendo por metástasis. Un mal también ilegal, con sus grupos armados y su
tráfico internacional, pero donde los lingotes sustituyen al polvo blanco. Por
primera vez en su historia reciente, la minería ilegal de oro genera más
beneficios que el contrabando de narcóticos. Según el último Informe Mundial de
Drogas de la ONU, los cárteles colombianos obtienen cada año entre 941 y 1.411
millones de euros por las exportaciones de cocaína y heroína. Sólo la mitad que
sus ingresos por el oro ilegal: entre 1.787 y 2.446 millones.
El país estaba avisado. En 2011, las autoridades policiales
alertaron de que la mitad de las minas eran ilegales. Pasaron cinco años hasta
que el presidente Juan Manuel Santos, en mayo, reconoció al nuevo enemigo,
cuando ya era demasiado grande: «Hoy le estamos declarando la guerra a la
minería criminal. Es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico».
Su auge no responde sólo al mayor beneficio que le reporta a
los narcos. Las comunidades también han sucumbido a esta fiebre del oro. En el
organigrama de una mina clandestina hay escalafones. Los carreteros transportan
los materiales en carretillas o a la espalda, los macheteros abren camino a
cuchillo por la naturaleza, los maraqueros mezclan agua y mercurio con sus
manos desnudas. El trabajo se realiza en unas condiciones pésimas de seguridad,
pero luego llega el sobre: algunos pueden cobrar de 30 a 65 euros al día. No
tienen una alternativa mejor. Sí varias peores.
Lo que muchos de ellos no advierten es que la minería ilegal
es incluso más nociva que el narcotráfico para las comunidades. La ONU ya lo
califica de «drama humanitario».
«El oro nos está matando», dice a PAPEL Daniel Mejía Lozano,
fundador del movimiento cívico Vive La Gente, quien desde 2014 tiene protección
privada (guardaespaldas y chaleco antibalas) tras recibir varias amenazas por
sus denuncias medioambientales.
Habla de una situación insostenible al norte de Tolima, un
departamento al oeste del país atravesado por el río Magdalena. Alerta de que
los trabajos artesanales de minería podrían provocar deslizamientos de tierra
muy peligrosos. Y apunta a otras consecuencias sobre las poblaciones:
desplazamiento forzado, explotación sexual de mujeres en las zonas cercanas a
las minas, trabajo infantil y accidentes laborales sin cobertura.
El efecto más demoledor es la contaminación por mercurio.
Colombia lidera desde hace décadas el ranking mundial, de acuerdo a datos del
Gobierno. Su presencia actúa como el veneno en las aguas de los ríos, destroza
los hábitats de la fauna y su exposición continuada sobre las personas puede
ser fatal. Los daños (amplificados por la presencia de otros elementos nocivos
como el arsénico, el plomo, el ácido sulfúrico o el cianuro) se extienden hasta
400 kilómetros alrededor.
"El oro podría ser 20 veces más rentable que la coca", dice el Gobierno
Estas prácticas han contaminado a más del 60% de sus 41
reservas de agua, según el ministerio de Medio Ambiente. Fotografías aéreas del
Ejército en 2016 muestran cómo ríos antaño caudalosos como el San Bingo y el
Timbiquí, ambos en el Cauca (al suroeste del país), ahora son áreas desérticas.
Los expertos calculan que llevaría entre 25 y 40 años recuperar las zonas
afectadas.
Tras la firma de la paz a finales de 2016 entre el Gobierno
colombiano y la guerrilla de las FARC (un ejército de 7.000 miembros y otros
tantos milicianos desarmados) después de más de medio siglo de guerra, el
tablero de las mafias que controlan los negocios clandestinos (con la minería
de oro a la cabeza) ha comenzado a reordenarse.
Hay disidentes de las FARC que se niegan a renunciar al
dinero del narco y la minería. El Frente 34 recibió cada mes del año pasado más
de un millón de euros por las vacunas (extorsiones) que cobra en la minas
ilegales, como revela The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime, una ONG que vigila el crimen organizado en todo el mundo. La zona de
influencia del Frente 34 es el Chocó, en el Pacífico colombiano, un punto
estratégico porque permite la salida de las mercancías hacia el mar. Allí, más
del 70% de la población se dedica a la minería.
El resto del botín se lo reparten el ELN (la segunda
guerrilla de Colombia, con 2.000 tropas), el EPL (otra fuerza guerrillera con
influencia en la frontera con Venezuela) y las bandas criminales herederas del
paramilitarismo. Santos reconoce la existencia de al menos 3.500 personas
asociadas a grupos como el Clan Úsuga, Los Rastrojos y Los Paisas.
Distintos analistas coinciden en que la respuesta del Estado
ha sido tardía y todavía ineficiente. El activista Daniel Mejía Lozano lamenta
que la Ley 99 de 1993, «la única que regula el medio ambiente en Colombia, es
demasiado permisiva y ha quedado caduca».
El mandatario Santos ha enviado al Congreso un proyecto de
ley (propone elevar las penas y endurecer los controles de acceso al mercurio y
otras sustancias químicas necesarias para extraer oro), que presumiblemente se
aprobará este año, pero Mejía Lozano cree que servirá de poco. «Hay muchos
lobbys en la política y en las élites que tienen intereses en el sector minero,
los cambios necesarios nunca llegarán», advierte.
«La minería se ha vuelto una bandera política; hay muchos
haciendo activismo», reconoce el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce,
nombrado en abril de 2016. En mayo declaró en el diario El Tiempo que «el oro
podría ser 20 veces más rentable que la cocaína».
En la primera mitad del año pasado se llevaron a cabo más de
350 operativos militares contra la minería ilegal. La violencia de las mafias
que controlan el negocio dificulta estas acciones. Mejía Lozano traza un símil
con los años de plomo en Colombia con Pablo Escobar: «Las operaciones del
Ejército para desmantelar una mina son bien berracas, necesitan artillería
pesada y helicópteros». La batalla por controlar las reservas de oro no ha
hecho más que empezar.
