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SUSCRIBITELa iniciativa impulsada por el Ejecutivo, con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone modificar el Régimen Penal Juvenil, que actualmente fija la edad mínima en 16 años.
La gestión de Javier Milei se prepara para avanzar la próxima semana con el dictamen de un conjunto de proyectos de ley que buscan reducir la edad de imputabilidad penal en Argentina. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo, con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone modificar el Régimen Penal Juvenil, que actualmente fija la edad mínima en 16 años.
Originalmente, el proyecto oficial preveía bajar ese umbral a 13 años. Sin embargo, tras negociaciones con bloques aliados, La Libertad Avanza (LLA) accedió a subir ese piso a 14 años, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para lograr el dictamen en comisión. El cambio permitiría sumar el respaldo del PRO, la UCR, el MID y otros espacios menores que suelen acompañar al oficialismo.
El debate se llevará a cabo el próximo martes en un plenario de comisiones integrado por Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia. La discusión había sido postergada en varias oportunidades, primero por los feriados de Pascuas, luego por el fallecimiento del Papa Francisco y más recientemente por temor a la falta de quórum durante el feriado del 1° de mayo.
En total, se analizarán 14 proyectos que abarcan distintas posturas sobre la edad de imputabilidad, con propuestas que van desde los 12 hasta los 16 años. Más allá de la edad, los textos también contemplan un nuevo esquema de sanciones para menores involucrados en delitos, con medidas alternativas a la prisión como amonestaciones, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y reparación a las víctimas, en un intento de equilibrar el castigo con la reinserción social.
Uno de los puntos más debatidos es el de las penas. El proyecto oficial plantea un máximo de 20 años de reclusión, mientras que los sectores opositores con los que el oficialismo negocia plantean reducir ese tope a 15 años. En todos los casos se mantiene la prohibición de imponer prisión o reclusión perpetua a menores.