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SUSCRIBITELa Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización de un evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.
La Justicia de Salta tomó intervención en la causa en la que se investiga el casamiento en la Quebrada de las Conchas, cuyo evento no estaba autorizado por el Ministerio de Producción y Minería provincial y por el que se habría presentado un falso documento. A su vez, trascendió que la pareja que dio el sí son Nicole Pocoví y Federico Maran.
La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización de un evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.
En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.
En la pesquisa se busca establecer, según supo la Agencia Noticias Argentinas, las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental.
La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una boda que se realizó en Quebrada de las Conches, ubicada en la Ruta Nacional 68. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.
El municipio sostuvo en un escrito que, en dicho sector, salvo que haya una autorización, no se permiten eventos debido a que “el uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona”.
Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.
